Culiacán, Sinaloa.- Con la urgencia de acelerar la armonización de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública tras las reformas a nivel federal, la organización Guaiacum A.C., dedicada a la preservación del medioambiente, presentó ante el Congreso del Estado una iniciativa de reforma constitucional y una nueva propuesta de Ley de Transparencia.

Silvia Gissell López González, encargada de gestión de proyectos de Guaiacum, manifestó que en Sinaloa se ha rezagado la reforma legal en materia de transparencia, pues está por finalizar el año y se acerca la discusión del presupuesto para el 2026, donde, de no crearse una nueva figura, se tendrá que otorgar recurso a la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP).

“Aquí en Sinaloa se están tardando mucho, la verdad, para poderlos actualizar y quisimos presentar esta iniciativa porque era esencial que ya diéramos el paso, porque (…) al final de éste año presentan lo que viene siendo el presupuesto anual y pues si no se modifica, quiere decir que la CEAIP va a seguir existiendo y le tienen que asignar el presupuesto”, dijo.

Explicó que Guaiacum presentó dos iniciativas. En una se plantea una modificación al artículo 109 bis de la Constitución Política de Sinaloa para la inclusión de la Autoridad Garante Local como nueva figura para sustituir a CEAIP.

Mientras que en la segunda iniciativa se encuentra la propuesta de Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública, la cual busca que la transparencia no dependa exclusivamente del poder Ejecutivo y que la ciudadanía tenga un papel activo.

Para ello proponen que la Autoridad Garante Local esté integrada de manera colegiada integrada por dependencias de gobierno, instituciones autónomas y un comité ciudadano que atienda los recursos de revisión que coloque la ciudadanía.

“Es parte de lo que queríamos aportar (…) primero que se garantizara ese derecho, por medio de ese órgano que estuviera colegiado, que no recayera todo en el puro Ejecutivo”, dijo.

“Esto es como una manera de blindar, vaya, para que el poder no esté centralizado en el ejecutivo nada más”, agregó.

Otra de las propuestas de la iniciativa es la creación de un consejo ciudadano del Sistema Estatal de Transparencia para que la población tenga garantía de que hay ciudadanos vigilantes en el proceso de transparencia.

El tercer planteamiento es el desarrollo de una plataforma estatal de transparencia que complemente la plataforma nacional.

Mientras que la cuarta propuesta incluída en la iniciativa de Guaiacum es la realización de consultas periódicas para que la ciudadanía pueda opinar sobre qué información debería colocarse como obligatoria.

“Que de manera periódica se haga una consulta pública para preguntarle a la ciudadanía qué información consideran que deba de ser obligatoria, adicional a lo que ya se estipula”, explicó.

López González mencionó que como Guaiacum estarán vigilantes del proceso legislativo para reformar la Ley de Transparencia, el cual esperan no se lleve a cabo al “fast track” y se tomen en cuenta sus propuestas y las de otras organizaciones ciudadanas que han estado atentas a la armonización.

Cabe mencionar que las nuevas leyes generales en materia de transparencia y datos personales entraron en vigor el 20 de marzo de 2025 y los Estados tenían un plazo de 90 días naturales para reformar su congreso local. Este plazo venció en junio de 2025.

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