Culiacán, Sin.- Luego de que Alejandra Pineda Prado, titular de la Unidad Técnica de Evaluación (UTE) del Congreso del Estado, denunciara que no se le permitió presentar sus alegatos de defensa y que su posible remoción sería votada este jueves 27 de noviembre, el Congreso decidió bajar el dictamen y aseguró que nunca ejerció violencia ni presiones en su contra. Además, se anunció que se abrirá un proceso de diálogo.

En su denuncia, Pineda Prado también señaló haber recibido presuntas amenazas por parte de la diputada María Teresa Guerra Ochoa y del diputado Serapio Vargas Ramírez.

Al respecto, la presidenta de la Junta de Coordinación Política (Jucopo), María Teresa Guerra, explicó que la funcionaria fue ratificada por unanimidad por todos los grupos parlamentarios, a propuesta de la Comisión de Fiscalización. No obstante, dijo, comenzaron a recibirse documentos de queja relacionados con su desempeño.

Guerra Ochoa señaló que la UTE depende de la Comisión de Fiscalización y debe trabajar en coordinación con ella; sin embargo, se detectaron acciones que no corresponden a las facultades del área. Entre las observaciones mencionó falta de planeación documentada y la emisión de lineamientos sin sustento en acuerdos de la comisión.

Tras dialogar con Pineda Prado, la Jucopo acordó pausar el tema en el pleno y abrir un espacio de revisión conjunta entre la UTE, la Auditoría Superior del Estado y la Comisión de Fiscalización. El objetivo es analizar las observaciones, ajustar la normatividad y evitar que el proceso afecte la trayectoria de la servidora pública.

“Lo que no debe ponerse en duda es que ha habido apoyo. Ella fue ratificada por unanimidad, pero a partir de ello empezó a realizar acciones que invadían facultades de otras áreas. Por eso se abre esta pausa, para revisar y corregir lo necesario”, señaló Guerra.

La legisladora añadió que existen contradicciones entre el reglamento de la UTE, el del Órgano Interno de Control y la Ley Orgánica de la Auditoría Superior del Estado, normativa de mayor jerarquía. Por ello, no descartó que de esta revisión puedan surgir reformas que eviten futuros conflictos.

Por su parte, el diputado Serapio Vargas Ramírez negó haber presionado o amenazado a Pineda Prado.

Afirmó que su participación se limitó a intervenir por un posible malentendido, derivado de una acción que, dijo, ella no le solicitó.

“Yo, de metichi, de buena gente, comenté que me preocupaba lo que pudiera pasar y traté de mediar… ni hostigué ni amenacé. Quise evitar un mal mayor. Mi apá me decía que no me metiera en pleito de dos borrachos, y yo me metí”, declaró.

Así mismo, el diputado morenitas afirmó que da haberse sometido a votación su remoción del cargo, él votaría en contra pues le parce una injusticia la manera en la que se desarrolló el caso.

De momento, el Congreso acordó revisar el reglamento de operación de la UTE junto con Pineda Prado y con la Comisión de Fiscalización, a fin de ordenar competencias y esclarecer los alcances del área, aunque no se definió su baja.

 

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