Culiacán, Sin.— La diputada Roxana Rubio Valdez, secretaria de la Comisión de Fiscalización del Congreso del Estado, negó que exista una violación de derechos en el proceso que enfrenta Alejandra Pineda Prado, titular de la Unidad Técnica de Evaluación, quien denunció públicamente presiones, hostigamiento y la imposibilidad de presentar su defensa ante la comisión para evitar ser removida de su cargo.
Rubio, integrante del grupo parlamentario del PAN, aseguró que las observaciones sobre el desempeño de Pineda fueron enviadas por la Auditoría Superior del Estado (ASE) y que el procedimiento sigue en etapa de análisis.
“En ningún momento se está violentando sus derechos. Ella está en la etapa de pruebas y alegatos, así lo marca el reglamento. Lo que dice de que se someterá hoy al pleno es falso”, afirmó.
La legisladora insistió en que la funcionaria no tenía la obligación de exponer personalmente sus alegatos ante la comisión, desmintiendo la versión de Pineda de que se le impidió presentar su defensa.
Aunque dijo tener respeto por la funcionaria, Rubio calificó el conflicto como un tema estrictamente político y apuntó directamente hacia el secretario de Economía en Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez.
“No tengo pruebas, pero tampoco dudas: sé perfectamente que detrás de esto está Feliciano Castro. Nadie se atreve a decirlo”, declaró.
Rubio reiteró que no existe violencia laboral ni de género en contra de la titular de la Unidad Técnica y que, por el contrario, ha sido tratada más que bien por los integrantes de la comisión. Agregó que el presidente de Fiscalización, Eligio López Portillo, ha sido demasiado condescendiente con ella.
La panista defendió la actuación de la comisión y adelantó que, si el caso llegara al pleno, será la mayoría de Morena quien decidirá el futuro de Pineda al frente de la UTE.
“Por supuesto que puede pasar. El pleno pone y el pleno quita. Nosotros somos dos en la oposición; hay que preguntarle a Morena porque son mayoría”.
Con respecto a que este caso pueda tratarse de un tema de violencia de género, Rubio negó esta posibilidad, asegurando que se trata de una funcionaria a la que se le hicieron observaciones y tiene que ser esclarecida su situación, claro, sin violentar sus derechos como trabajadora.
“No por ser mujeres tenemos que dejar de ser responsables con nuestro trabajo. Muchas veces, con el cuento de la violencia, ya no quieren ni que se les diga: oye, estás mal”.
Por ahora, el procedimiento continúa abierto. La ASE reportó a la comisión observaciones por presunto bajo desempeño de la funcionaria, aunque Rubio reconoció que las conclusiones aún no están probadas.
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