Culiacán, Sinaloa.- Un conflicto entre la Comisión de Fiscalización y Alejandra Pineda Prado, titular de la Unidad Técnica de Evaluación (UTE), está sacudiendo y creando tensión en el Congreso del Estado. Mientras Pineda denuncia presiones de legisladores de Morena para hacerla renunciar a su cargo y falta de pago de su salario, los legisladores han negado dichas acusaciones asegurando que habrá diálogo y que el proceso de remoción quedará en pausa.

Si bien la tensión llegó a su punto máximo éste jueves 27 de noviembre, al cancelarse la reunión de la Comisión de Fiscalización donde Pineda tendría la posibilidad de presentar su defensa, se trata de un conflicto que viene escalando desde hace semanas y que incluso ya traspasó los muros de la sede legislativa.

De acuerdo con la denuncia de la titular de la UTE, el 20 de octubre del presente año comenzaron las presiones y acoso de parte de las autoridades del Congreso del Estado, con el fin de obligarla a presentar su renuncia voluntaria, con la justificación de que se trataba de una instrucción “que viene de arriba”.

“Fue una oferta que se me hizo, que renunciara y que iban a ver en dónde me iban a acomodar, pero eso no va con mis principios ni con mis valores”, dijo.

Tras su renuencia de separarse del cargo, el 6 de noviembre llegó a sus manos un documento firmado por los diputados Eligio López Portillo, Roxana Rubio Valdez, Sergio Torres Félix, Manuel de Jesús Guerrero Verdugo, Karla Daniela Ulloa Rodríguez, Luz Verónica Avilés Rochín y Víctor Antonio Corrales Burgueño, todos integrantes de la Comisión de Fiscalización, en donde se le informó sobre la supuesta actualización de una causal de remoción del cargo.

En dicho documento se le acusa de omitir proponer ante la Comisión de Fiscalización, los lineamientos para el funcionamiento de la Unidad Técnica de Evaluación. 

Sin embargo, de acuerdo a la declaración de Pineda, se trata de una acusación sin fundamentos pues en siete ocasiones ha propuesto documentos para el funcionamiento de la UTE y todos fueron notificados a la Comisión de Fiscalización.

Incluso en sus alegatos — los cuales compartió a medios de comunicación tras no poder presentarlos en la reunión de la Comisión de Fiscalización—, señala lo siguiente:

“La Recomendación emitida por la Auditoría Superior del Estado y que constituye el origen y fundamento de esa Comisión de Fiscalización utilizada para la Actualización de Causal Remoción de mi Encargo como Titular de la Unidad Técnica de Evaluación fue atendida en términos de la misma”.

Además alega que la aplicación del artículo 11 del Reglamento Interior de la UTE, en el cual los legisladores basan su intención de removerla del cargo es inconstitucional y una violación a algunas disposiciones de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de Sinaloa y de la Ley de la Auditoría Superior del Estado.

Menciona que en dicho artículo del Reglamento se establece que la titular puede ser removida por falta de honradez, ineficacia, incapacidad física o mental, o la comisión de algún delito. A pesar de que la Constitución indica que las faltas administrativas graves de servidores públicos deben ser investigadas por la Auditoría Superior de la Federación y los órganos internos de control y ser resueltas por el Tribunal de Justicia Administrativa que resulte competente.

“Por lo tanto, si la Comisión de Fiscalización determinó como ineficaz mi desempeño en el cargo (…) podría, — solo en caso de acontecer —, derivar de una sanción administrativa, y no así, en la sanción que se me pretende aplicar”, indica Pineda.

Para Alejandra, las presiones de que renuncie a su cargo provenientes de los legisladores de Morena Serapio Vargas y María Teresa Guerra Ochoa, así como la intención de removerla de su cargo bajo una causal que ya fue sustentada y un artículo que es inconstitucional, son una presión política, pues su trabajo ha incomodado a quienes no quieren ser auditados.

“Es una persecusión política la que estoy recibiendo porque a la Comisión de Fiscalización no le intersa una fiscalización de verdad (…) y yo soy una persona que hace el trabajo técnico, lo hace bien y pues eso no les conviene”, dijo.

¿Qué responden los legisladores?

Tras las declaraciones de Alejandra Pineda realizadas la mañana del jueves 27 de noviembre, previo a la sesión del Congreso del Estado y tras la cancelación de la reunión de Fiscalización, los diputados Serapio Vargas, Teresa Guerra y Roxana Rubio fueron cuestionados por medios de comunicación sobre estas denuncias.

Por su parte, Serapio Vargas, quien fue señalado por Alejandra Pineda de presionarla para que renunciara, negó tales acusaciones, señalando que el se acercó a la mencionada para mediar y evitar un mal mayor.

“Yo, de metichi, de buena gente, comenté que me preocupaba lo que pudiera pasar y traté de mediar… ni hostigué ni amenacé. Quise evitar un mal mayor. Mi apá me decía que no me metiera en pleito de dos borrachos, y yo me metí”, declaró.

Roxana Rubio, diputada del Partido Acción Nacional (PAN) e integrante de la Comisión de Fiscalización, señaló que en ningún momento se han violentado los derechos de Alejandra Pineda y apuntó que se trata de un conflicto político en el que está detrás el secretario de Economía en Sinaloa, Feliciano Castro Meléndrez, quien entre 2021 y 2024 fue titular de Junta de Coordinación Política (JUCOPO) en el Congreso del Estado de Sinaloa.

Finalmente, fue la actual titular de la JUCOPO, María Teresa Guerra Ochoa quien informó que el Congreso decidió bajar el tema de la remoción del Pleno y entablar una revisión y diálogo en conjunto entre la titular de la UTE, la ASE y la Comisión de Fiscalización.

De acuerdo con la diputada, todo derivó de un expediente donde la ASE señaló que Alejandra Pineda estaba excediendo sus facultades como titular de la UTE.

“Lo que no debe ponerse en duda es que ha habido apoyo. Ella fue ratificada por unanimidad, pero a partir de ello empezó a realizar acciones que invadían facultades de otras áreas. Por eso se abre esta pausa, para revisar y corregir lo necesario”, señaló Guerra.

Sin embargo, aunque el proceso se encuentra en pausa, ya existen denuncias interpuestas por la titular de la UTE en instancias como la Comisión Estatal de Derechos Humanos, el Órgano Interno de Control del Congreso del Estado y en Gobierno del Estado de Sinaloa.

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