Culiacán, Sinaloa.- Ángel Alexis Arias Arce, de 21 años de edad, salió de su casa el 2 de septiembre de 2022 y no volvió. Su madre, Vianey Arce, emprendió entonces un camino tortuoso que cientos de madres han tenido que recorrer: la búsqueda de su hijo.

En octubre de 2024, la Fiscalía General del Estado de Sinaloa (FGE) le entregó el cuerpo de su hijo, quien durante dos años permaneció en el Servicio Médico Forense (SEMEFO), a pesar de la insistencia de Vianey Arce de que se analizaran los perfiles genéticos.

“A él lo localizaron el 8 de septiembre de 2022, pero a mí me lo entregaron a penas el año pasado, el 8 de octubre de 2024, estuvo dos años y un mes en SEMEFO. (…) ¿Qué pasó? Yo iba constantemente a SEMEFO a checar los cuerpos (…) nunca tuve un resultado positivo que me dijeran aquí está”, dijo.

Durante esos dos años, mientras las autoridades tenían en resguardo el cuerpo de Ángel Alexis, Vianey continuaba buscándolo, con la esperanza de localizarlo con vida, con la incertidumbre y el dolor de no saber su paradero.

“¿Qué pasó? Solo me queda el que no hicieron su trabajo”, mencionó.

Su historia es la de miles de mujeres en Sinaloa que al  buscar a sus desaparecidos enfrentan una serie de violencias y omisiones institucionales y la falta de empatía de la sociedad hacia su dolor.

Para la socióloga y periodista Tania del Río, autora del libro “Las Rastreadoras”, la desaparición tiene un efecto expansivo de la violencia, provocando otras problemáticas en las familias que buscan, como enfermedades, desgaste emocional, abandono de las autoridades, amenazas y riesgos a la hora de salir a buscar.

Nombró como ejemplo el caso de la joven Mónica Alejandrina, desaparecida en el Estado de México el 14 de diciembre de 2004, cuya familia fue obligada a desplazarse hacia la Ciudad de México, alejándose de vecinos, familia y conocidos, viviendo en el secretismo.

“Viven bajo el miedo porque (los perpetradores) tienen a la policía a su favor. Ese desplazamiento es una de las violencias que viven, es una vulneración también a la salud porque resulta que en esa omisión a la salud que hacen las instituciones no les han dado atención”, dijo.

Los miembros de esta familia, al igual que muchas otras que han sido atravesadas por una desaparición, han desarrollado enfermedades como hipertensión, diabetes, insomnio, migrañas, depresión y otras afectaciones a la salud mental, explicó.

“Ahí está otra de las violencias: la omisión. En Atención a Víctimas no les dan ni para medicina, ni para nada porque les exigen que tiene que ser algo derivado del hecho victimizante”, agregó.

¿Qué violencias viven las mujeres buscadoras?

Durante su conferencia “Desapariciones: Afectación de violencias múltiples hacia las mujeres”, organizada por el Instituto Politécnico Nacional Unidad Culiacán, Tania del Río explicó que las mujeres buscadoras suelen ser víctimas de violencia económica, la cual es claramente visible cuando la persona desaparecida es el proveedor de la familia y las mujeres no solo tienen que asumir ese papel, sino cargar con los gastos de la rutina que implica salir a buscar.

Viven violencia institucional desde el momento en que las autoridades encargadas de realizar la investigación y recibir la denuncia las revictimizan minimizando sus casos y pidiéndoles a ellas que recolecten pruebas de la desaparición de su familiar, explicó la socióloga.

“Viven violencia institucional porque hay una falta de corresponsabilidad. (…) porque sí hay un Centro de Justicia para las Mujeres, una Secretaría de las Mujeres o instituciones de ese tipo, pero ninguna se acerca a los colectivos de mujeres para preguntarles qué te hace falta, cómo les ayudo, cómo apoyamos”, dijo.

Tania del Río mencionó que la violencia vicaria, la amenaza de “tienes otros hijos”, es la razón principal por la que muchas mujeres dejan de buscar a sus desaparecidos, para proteger a otros miembros de su familia.

Y como si no tuvieran bastante, comentó, las mujeres buscadoras deben enfrentar la crítica social, la criminalización hacia las personas desaparecidas y una señalización hacia su trabajo de crianza.

“Se les señaliza a las madres como fomentadoras de omisión de una buena crianza y entonces dicen por algo andaba mal, en qué se metió y eso lo lleva a la desaparición, como si fuera una justificación, cuando sabemos que (…) en cualquier lugar del país, cualquier persona puede ser desaparecida”, dijo.

Habló también de la violencia judicial que enfrentan ante la falta de justicia pronta y expedita debido a la tardanza de las investigaciones, la mala integración de los expedientes, irregularidades durante los levantamientos y el hostigamiento legal hacia las familias.

Es por estas y otras más violencias mencionadas por Tania del Río, que buscar a un familiar desaparecido es seguir un camino lleno de obstáculos, donde cada paso implica enfrentar miedos, omisiones y agresiones.

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