Al enviar ayer el gobernador Rubén Rocha Moya al Congreso del Estado la iniciativa de reforma a la Constitución en materia de transparencia, se cierra el largo aplazamiento de normativas que definirán si avanza o retrocede Sinaloa en materia de acceso a la información y rendición de cuentas por instituciones que reciben recursos públicos.

También, al iniciar la Comisión de Protocolo de la Cámara local el correspondiente proceso legislativo, está por verse si ello abre el necesario ejercicio de Parlamento Abierto o bien la institución parlamentaria acude a la vía rápida que menosprecie la indispensable participación ciudadana en el manejo de un tema tan indispensable para la lupa cívica.

La extinción de la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública debe abrirle cauce a un nuevo órgano autónomo que prosiga con el buen desempeño en lo que concierne a la transparencia como inhibidora de la corrupción, desechando el esquema burdo donde sea el gobierno el que se revise a sí mismo y determine si sus cuentas y funcionarios cumplen con los estandares legales en la materia.

Con la desaparicion del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, a principios de 2025, el Gobierno Federal creó la institución de Transparencia para el Pueblo que demolió toda una lucha ciudadana que durante décadas combatió la opacidad que permitía utilizar el erario como cloaca de corrupción.

Regresar a aquellas épocas donde los mismos sujetos obligados a la rendición de cuentas se proveían de impunidad no es opción en plena era de sociedad vigilante y máxima publicidad de la cosa pública. El gobernador Rubén Rocha y el Congreso del Estado deberán decidir entre involución o vanguardia en cuestión de transparencia, teniendo hoy la lupa ciudadana encima.