La iniciativa de reforma constitucional que el gobernador Rubén Rocha Moya le hizo llegar al Congreso del Estado para la extinción de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa provocó reacciones en contra en diferentes sectores y actores civicos, por la falta de claridad sobre la nueva normatividad en materia de transparencia.

La tardanza del Ejecutivo en lo referente a su propuesta de nueva ley que regule la rendición de cuentas, y el único dato disponible de que la Secretaría de Transparencia del Gobierno del estado asumirá tales funciones, hace desconfiar a órganos de la sociedad civil y líderes de opinión que hoy se manifestarán en la sesión de la 65 Legislatura en prevención de albazos y manotazos autoritarios.

El Congreso pasa por alto la imprescindible intervención ciudadana en resolver asuntos de competencia social, por tratarse de la desaparición del órgano garante del acceso a la información y la desconfianza en que los servidores públicos sean juez y parte al investigarse y sancionarse a sí mismos cuando se les acuse de incurrir en actos de corrupción.

A pesar de la espera de casi un año para homologar la ley de transparencia estatal con la nacional, prórroga que se suponía operaría a favor de un gran avance en Sinaloa, las señales indican que, al contrario, el Congreso y el Gobierno resolverán a espaldas de la sociedad, sin realizar el debido proceso de parlamento abierto que adapte la norma a las necesidades ciudadanas y sea legitimada de esa manera.

La involución de Sinaloa en cuestión de transparencia es lo que está en la mesa del Congreso y bajo la atención de los ciudadanos. Ir hacia atrás nos saldría caro no sólo por los recursos públicos que se irían por los amplios toboganes de la opacidad, sino principalmente por perder un sistema de derechos ganados con años de lucha contra la corrupción.