A la situación de violencia en el sur del Sinaloa, específicamente en las zonas limítrofes con Nayarit y Durango, le hace falta la explicación del Gabinete de Seguridad nacional y estatal respecto a si continúa siendo un conflicto entre grupos locales del narcotráfico o concurre delincuencia organizada de otras regiones del país como nuevo elemento de peligro para los sinaloenses y sus actividades lícitas.

La violencia en los municipios de Escuinapa y Concordia delata signos de preocupación al tratarse de zonas de acceso a Sinaloa por la sierra y carreteras que registran fuerte actividad criminal que reta y en ocasiones se coloca encima de la capacidad de contención de la fuerza pública integrada por el Ejército, Marina, Guardia Nacional y policías federales y estatales.

Lo esencial de la información oportuna y confiable sobre lo que sucede en el sur de Sinaloa, con consecuencias graves para Mazatlán que es un polo fundamental de la economía estatal, consiste en que la población pacífica asuma medidas conforme la amenaza a sus integridades física y patrimonial sin proceder apegada a noticias falsas que difunden las redes sociales.

Paralela a la acción del gobierno para atender este foco de inseguridad, la sociedad debe organizarse en la ardua y larga tarea de mitigar el impacto de los daños, como es el caso de la actividad turística que en 2025 sufre pérdidas económicas considerables y ya toma medidas para hacerle frente a 2026 que anticipa más consecuencias por la crisis de la seguridad pública.

Las fronteras con Nayarit y Durango son consideradas zonas estratégicas por las cuales las organizaciones criminales de Jalisco y Michoacán intentarían incursionar para terciar en la confrontación entre las dos facciones que integran el Cártel de Sinaloa. Esta posibilidad, si acaso no fuera un hecho consumado, opera para mayor temor e incertidumbre en las familias y sectores sinaloenses cuya exigencia de paz está en el centro de las exigencias a los gobiernos de México y Sinaloa.