En México y principalmente en regiones donde el narcotráfico libra guerras por el control de territorios y mercados de las drogas ilícitas, como es el caso de Sinaloa, deben activarse las alertas máximas por la insistencia del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, de incursionar con sus tropas en nuestro país para combatir al crimen organizado que ha clasificado como narcoterrorismo.

Esta vez el mandatario del país vecino del norte no parece estar en otro de sus acostumbrados amagos para sacar provecho de la debilidad de regímenes latinoamericanos pues, a la luz de la repetitiva palabrería trumpista, algo prepara en reeditar el intervencionismo que la Casa Blanca perpetró contra Venezuela y su presidente Nicolás Maduro, capturado y hoy preso debido a la arbitraria justicia estadunidenses.

Ayer Trump soltó otra de sus acostumbradas acometidas verbales contra México y el gobierno de Claudia Sheinbaum al declarar que se avecinan ataques terrestres contra los cárteles del narcotráfico y repitió que éstos están controlando México, sin ofrecer pruebas ni detalles más alla de su verborrea intimidante.

Aún con la posibilidad de que Trump no lleve a los hechos sus amenazas, en Palacio Nacional y en los gobiernos estatales surge la prioridad de anticiparse al intervencionismo de quien asume el papel de policía del mundo combatiendo a la delincuencia de otros países y otorgándole impunidad al crimen de su propia nación que participa en proveer de suministros bélicos al hampa internacional.

Por más que la realidad mexicana en materia de violencia exacerbada y gobierno rebasado genere simpatías a favor de la intervención simiesca de Trump, importa luchar porque dicha colabotación sea coordinada bilateralmente y con la garantía de respeto pleno a los derechos humanos. Ni en México o en Sinaloa debe apostársele a la paz lograda a costa de mayor guerra a la que actualmente devora vidas humanas, posibilidades lícitas de desarrollo y al Estado de derecho.