Culiacán, Sin.- El pasado jueves 8 de enero, el Congreso del Estado de Sinaloa votó a favor de la reforma constitucional que integra el “Derecho humano a la ciudad” en el marco jurídico local, cuyo objetivo es garantizar a la ciudadanía, en especial a los grupos vulnerables, un desarrollo pleno dentro de ciudades, pueblos y asentamientos urbanos justos. Especialistas celebran la aprobación, pero advierten que se trata únicamente de un punto de partida.

La iniciativa, presentada por la diputada en licencia y actual titular de la Secretaría General de Gobierno del Estado de Sinaloa, Yeraldine Bonilla Valverde, sigue las recomendaciones de la Carta Internacional del Derecho a la Ciudad (2004) y se adicionará como fracción XV al artículo Cuarto Bis A de la Constitución Política del Estado de Sinaloa.

En los documentos del Congreso del Estado se señala que esta reforma debe garantizar niveles adecuados de accesibilidad y desarrollo, incluyendo el respeto a las minorías y a la pluralidad étnica, racial, sexual y cultural, así como la tolerancia hacia las comunidades migrantes.

“Su objetivo es que las ciudades se adapten al uso de las personas y no únicamente a fines comerciales o de áreas privadas. Es decir, que el desarrollo urbano garantice a la ciudadanía los espacios necesarios para la recreación y que estos sean accesibles para todas las personas. Para ello, es necesario contar con las herramientas que permitan cumplir esta función de manera igualitaria y equitativa, a fin de que todas las personas puedan vivir con dignidad en nuestras ciudades”.

Además, la reforma establece que el derecho a la ciudad incluye la función social de la propiedad, donde todas y todos los ciudadanos tienen derecho a participar en el territorio urbano. Es decir, se reconoce que la ciudad no es un conjunto de propiedades individuales, sino un espacio que debe servir al bien común.

“No es un logro, es un punto de partida”

Heidy Mares, activista, reconoce como un paso positivo que el problema social y urbano haya sido llevado a la discusión legislativa y que el Derecho Humano a la Ciudad se haya integrado al marco legal de la Constitución del Estado de Sinaloa. Sin embargo, subraya que esta aprobación debe entenderse únicamente como el inicio de un proceso que requiere acciones concretas, políticas públicas y voluntad real para que el derecho no quede en el papel.

“Lo primero es reconocer que la ciudad no se vive igual para todas las personas. Hablar de este derecho implica mirar a quienes han sido sistemáticamente expulsados del acceso a la vivienda digna, de la movilidad y del espacio público. Tenemos que priorizar a las personas con discapacidad, a las poblaciones desplazadas, a los trabajadores precarizados y, en general, a quienes habitan las periferias y los asentamientos irregulares”, señaló.

Uno de los puntos que Mares destaca, y que, como muchas otras personas, enfrenta de manera cotidiana, es el sistema de transporte público. Desde su experiencia, explica que un transporte ineficiente limita el acceso a otros derechos y servicios básicos, como la salud, la educación, el empleo y la recreación.

“Yo creo que el transporte público es la base para el acceso a la ciudad. No basta con que en esta reforma se mencione, no basta con decir que se va a ofrecer un servicio de transporte público de calidad. Realmente se tiene que garantizar que sea un servicio digno.

Cuando el transporte falla es cuando empezamos a ver cómo la ciudad se fragmenta, y cuando la ciudad se fragmenta es cuando comienza a profundizarse la desigualdad”, concluyó.

Por su parte, Gloria Morales Fonseca, integrante de la organización MAPASIN, refiere que esta nueva ley representa un respaldo para la ciudadanía, al reconocer su importancia como un primer paso para acercar nuevamente las ciudades a las personas. No obstante, subraya que esta aprobación también debe enviar el mensaje de que es necesario dejar atrás las malas prácticas de planeación urbana, particularmente aquellas que priorizan a los automovilistas por encima de los peatones y envían mensajes que entorpecen la seguridad vial, y que las leyes deben llevarse a la práctica.

“Esta nueva adhesión a nuestro marco normativo promueve la inclusión de diversos sectores de la población y busca garantizar que todas las personas tengan acceso a los bienes y servicios. Es decir, que puedan trasladarse de manera segura y asequible a su centro de trabajo o a su escuela. Pero por otro lado, se siguen promoviendo infraestructuras que van en contra de ese objetivo: construir más carriles, no mejorar el transporte público, permitir altas velocidades y seguir diseñando calles que incentivan el uso del automóvil, con cruceros sin semaforización”, señaló.

Asimismo, destaca que este tipo de reformas permiten que la ciudadanía se apropie de estos marcos legales y haga valer sus derechos, incluso a través de amparos frente a autoridades municipales o estatales, como ya ha ocurrido en diversos casos del norte del país.

“Es de celebrarse que tengamos este avance y que el derecho a la ciudad se incorpore al marco normativo. Pero hay dos cosas importantes: que se traduzca en otros instrumentos normativos, como los reglamentos, y que la ciudadanía se mantenga observando (…) para que se haga letra viva; depende mucho de uno, como ciudadano, de ser un observatorio, de vigilar que se cumpla, de estar al pendiente y de involucrarse”, señaló.

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