Los 187 millones de pesos que en 2026 se asignan como financiamiento a partidos políticos en Sinaloa los ciudadanos los consideran como dinero echado al cesto de la basura, al tratarse de recursos públicos que bastante beneficio significarían en caso de ser destinados a atender necesidades primarias de la poblacion, por ejemplo la consecución de paz.

La partidocracia ha trabajado poco en ganarse la confianza de la gente, pero la perniciosa costumbre de estirar la mano y ofrecer nada a cambio es lo que más deploran familias y sectores sociales que a duras penas resisten en economías en tiempos de guerra como la que enfrenta hoy a segmentos antes afines en el Cártel de Sinaloa.

En contra de la recurrente inconformidad de los sinaloenses por lo que consideran derroches legitimados por las normas correspondientes, este año el Instituto Estatal Electoral de Sinaloa definió financiamientos, en millones de pesos, de 22.4 para el PAN, 22.8 al PRI, 13.8 al PT, 16.4 al PVEM, 17.7 a MC, 16.9 al PAS y 77.1 a Morena.

Con la Nueva Ley Electoral a punto de ser sometida al análisis ciudadano y legislativo, estará sobre la mesa el tema de la asignación de onerosss prerrogativas financieras a partidos, que ni siquiera reciben actividades sí produtivas afectafas por la violencia prolongada y exacerbada en Sinaloa.

En el orden de prioridades, los recursos públicos le urgen más a las tareas de seguridad pública que coadyuven a dejar atrás los varios modos de impacto que ocasiona la violencia. Los partidos deberían renunciar a prerrogativas económicas que hacen falta para recuperar al Sinaloa pacífico.