Nunca antes habían ocurrido tantos pronunciamientos al mismo tiempo de sectores económicos, políticos y sociales contra la violencia en Sinaloa, como sucedió ayer por el ataque que un grupo de civiles armados perpetró contra la diputada Elizabeth Montoya y el diputado Sergio Torres, del partido Movimiento Ciudadano.

Junto a la conmoción que ese hecho violento causó en la sociedad sinaloense en general, la ciudadanía pudo corroborar que la capacidad de asombro sí puede ser retada por el crimen organizado, así como se desafía a los gobiernos federal, estatal y municipales por parte de la delincuencia que no muestra límites en sus frentes de guerra.

Culiacán estuvo de nuevo bajo la atención de comunidades y medios en los contextos estatal, nacional e internacional, al recalcarle mayor capacidad de barbarie los grupos del narcotráfico que se enfrentan en el seno del Cártel de Sinaloa, ahora apuntando sus armas hacia instituciones y personajes importantes en la estructura del poder público.

Excepto la Coparmex que ha mantenido durante meses la exigencia de pacificacion de Sinaloa, esta vez abundaron pronciamientos como los del Congreso, Diócesis, Consejo de Seguridad Pública, Intercamaral, Canacintra, y por supuesto los partidos políticos que desde sus cúpulas estatal y nacional qusieron llevar sangre a sus molinos, aprovechando el sentimiento de desamparo en los ciudadanos y el sufrimiento de víctimas y sus familias.

Esperar a que la delincuencia nos levante de la inacción con atrocidades cada vez más graves también significa aportar, por omisión, para que el crimen se posicione encima del gobierno y la ciudadanía. En la terrible coyuntura violenta de ayer, los que plantearon la demanda de seguridad y certidumbre en Sinaloa deben estar de manera permanente en la exigencia y colaboración para reponer el Estado de derecho que durante casi 17 meses es vulnerado día a día.