Paralelo con los informes de la presidenta Claudia Sheinbaum que registran una disminución del 42 por ciento en homicidios dolosos, y del secretario federal de Seguridad y Protección Ciudadana, Omar García Harfuch, que revela la presunta autoría de crímenes de alto impacto en el sur de Sinaloa, el uso de explosivos y drones para atacar las instalaciones de la policía de Escuinapa fija en la percepción ciudadana el sentimiento de indefensión y pérdida de confianza en las instituciones,

Sheinbaum afirma que el promedio diario de homicidios dolosos en el país pasó de 86.9 casos en septiembre de 2024 a 50.9 en enero de 2026, sin entrar en detalles sobre estados como Sinaloa que todos los días sufre la consecuencia de la acometida criminal y la lejana posibilidad de que sea recuperada mediante la acción encomendada a las fuerzas armadas.

Esta mañana García Harfucho lanzó la hipótesis de que los diez mineros secuestrados por sicarios habrían sido confundidos con miembros de grupos delictivos rivales, así como en el caso de los cuatro jóvenes originarios del Estado de México desaparecidos en Mazatlán da a conocer que después de rentar vehículos tipo razers fueron interceptados por miembros de una célula criminal.

Es decir, la oratoria gubernamental y las teorías adjuntas a cada ataque de la delincuencia para nada contribuyen a hacernos creer a los sinaloenses que el Estado da pasos firmes en el objetivo de garantizar la seguridad a la población pacífica y les asigna a los infractores de la ley las correspondientes carpetas de investigación y sentencias judiciales.

La población pacífica prosigue atrapada en el bucle donde lo que se construye con el discurso oficial optimista, que ofrece sus propios datos alegres para simular eficiencia en el combate a la delincuencia, se estrella con la autenticidad de fosas con restos humanos, ataques en modo terrorista contra instituciones, y homicidios que recalcan el encontronazo bestial entre grupos del narcotráfico conflictuados.