La polémica vigente sobre la incidencia del delito de extorsión en Sinaloa, que se desató a raíz de la versión no confirmada sobre intento de afectar con este delito a la empresa minera Vizsla Silber antes de la desaparición de diez de sus trabajadores, al menos representa la oportunidad para que las autoridades estatales implementen estrategias de seguridad que eviten que esa forma de operar de la delincuencia organizada se agregue a la violencia de por sí insoportable.

Por lo pronto, el Congreso tiene en proceso legislativo e inminente aprobación la iniciativa de Ley para Prevenir, Investigar y Sancionar el Delito de Extorsión y la derogación del artículo 231 del Código Penal estatal, con el objetivo de establecer de manera clara las obligaciones y mecanismos de coordinación entre las autoridades estatales, así como las reglas mínimas para la investigación, persecución, sanción y ejecución penal de estos casos.

La armonización de la normatividad local con la general cobra impulso a pesar de que la Fiscalía General del Estado considera que, en comparación con otras zonas de México donde la comisión del ilícito es más grave, en Sinaloa son menores las denuncias de extorsión, registrándose 12 en el período que comprende del 1 de enero al 9 de febrero de 2026.

De cualquier forma no se vale caer en excesos de confianza y sí atender la premisa que establece que la prevención oportuna de conductas criminales en el modo que sean inhibe la acción criminal y las víctimas afectadas, siempre y cuando la norma jurídica esté ajustada a la magnitud del daño y fundamentalmente las instituciones de seguridad pública sean eficientes en detectar e inhabilitar amenazas contra el patrimonio de empresas y ciudadanos.

Lo de si fue o no víctima de esta transgresión a la ley la empresa minera de Concordia y si son pocas o muchas las denuncia registradas por la Fiscalía estatal, sólo constituyen elementos de criterio para ir por normas acordes a la amenaza existente. La extorsión existe en Sinaloa, y así fuera una sola carpeta de investigación la integrada, la sujeción o expansión del delito depende de leyes adecuadas, correcta labor ministerial y protección a la ciudadanía antes de que ocurran las agresiones.