Culiacán, Sinaloa.– El Congreso de Sinaloa prefiere dar prioridad a las iniciativas enviadas por el gobernador Rubén Rocha Moya que a las de carácter ciudadano.
En ESPEJO se realizó un análisis de las iniciativas presentadas ante el Congreso del Estado a partir del 1 de noviembre de 2021 a la fecha, con base en la información publicada en el sitio oficial del Poder Legislativo.
El análisis revela que el Ejecutivo estatal ha presentado 340 iniciativas, dictámenes y decretos, de los cuales 245 han sido aprobados. De estas iniciativas aprobadas, solo 14 no corresponden a pensiones y jubilaciones; es decir, se trata de reformas de ley, leyes de ingresos y egresos, decretos y solicitudes de dos megacréditos que, en conjunto, suman 4 mil 500 millones de pesos, utilizados para la construcción de obra pública en la entidad.
En contraste, durante el mismo periodo, la ciudadanía ha presentado 340 iniciativas de ley. En su mayoría, se trata de propuestas en favor de los derechos de las personas con discapacidad, reformas en materia de seguridad y avances en la defensa de derechos de grupos vulnerables, pero solamente 39 han conseguido ser aprobadas.
Entre las iniciativas ciudadanas aprobadas, al menos el 90 por ciento de los casos lograron llegar a votación únicamente cuando fueron respaldadas por algún grupo parlamentario, como el Partido Sinaloense o Movimiento Ciudadano.
“Es lamentable ver el porcentaje de aprobación que hay de las iniciativas presentadas por la ciudadanía y aceptadas, que equivale a más o menos el 10 por ciento del total. Mientras tanto, el 95 por ciento de las iniciativas presentadas por el gobernador no solo han sido aprobadas, sino que han sido votadas en fast track, en cuestión de días. Eso manda una señal clara de que las iniciativas que presenta el Ejecutivo son las que le importan al Legislativo”, señaló Gustavo Rojo Navarro.
El director del Observatorio Ciudadano de Mazatlán apuntó que, si bien este tipo de prácticas no son exclusivas de los gobiernos mayoritariamente morenistas -pues también ocurrieron en periodos donde gobernaron el Partido Acción Nacional (PAN) o el Partido Revolucionario Institucional (PRI)-, la promesa del actual gobierno era distinta.
“Tienen razón en decir que siempre ha sido así, pero plantearon, dijeron y pregonaron que serían diferentes, que una vez que llegaran ellos la voz del pueblo sería la que se iba a escuchar. Hoy seguimos viendo una línea donde hay un solo poder, no dos. Donde el jefe político es quien está al frente del gobierno”, afirmó Rojo Navarro.
Aunque el número total de iniciativas presentadas por el Ejecutivo es menor en comparación con las ciudadanas, la diferencia radica en el nivel de aprobación. Entre las reformas de ley avaladas se encuentra la reciente creación de la Ley para Prevenir, Combatir y Sancionar la Extorsión; la extinción de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP); así como el decreto que autorizó la transferencia de 13 inmuebles -donde operan 22 unidades médicas- al Instituto Mexicano del Seguro Social para el Bienestar (IMSS-BIENESTAR).
Solo en dos ocasiones, al menos en lo documentado en el sitio oficial del Congreso, las iniciativas del mandatario no fueron votadas. Una de ellas fue cuando propuso que el Congreso de Sinaloa declarara Benemérita a la Escuela Normal de Sinaloa y que su nombre se inscribiera con letras doradas en el Muro de Honor del Salón de Sesiones.
La iniciativa no modificaba ninguna ley ni derechos, pues se trataba únicamente de un reconocimiento simbólico.
La otra propuesta, sin embargo, era de mayor relevancia y pudo haber marcado un precedente en la historia de la política mexicana.
La ley que ni siquiera llegó al pleno
En febrero de 2023, el gobernador Rubén Rocha Moya presentó una iniciativa de reforma constitucional para modificar el régimen de fuero en el estado. La propuesta se enmarcaba en el discurso de la Cuarta Transformación, impulsado a nivel nacional por el presidente Andrés Manuel López Obrador, con el objetivo de combatir la corrupción, la impunidad y el abuso de poder.
La iniciativa planteaba eliminar el fuero constitucional estatal para los servidores públicos de más alto nivel del Poder Ejecutivo, particularmente los integrantes del gabinete, bajo el argumento de que ningún funcionario debía estar protegido frente a posibles delitos cometidos en el ejercicio de sus funciones.
En concreto, proponía reformar el artículo 135 de la Constitución Política del Estado de Sinaloa, estableciendo que los diputados locales, magistrados, jueces, presidentes municipales y titulares de órganos constitucionales autónomos solo podrían ser procesados penalmente previa declaratoria del Congreso.
Asimismo, señalaba que el gobernador podría ser imputado y juzgado por delitos, incluidos aquellos cometidos contra el servicio público, previa declaratoria del Congreso, y que sería juzgado por el Pleno del Supremo Tribunal de Justicia como Jurado de Sentencia.
El decreto contemplaba su entrada en vigor al día siguiente de su publicación y obligaba al Congreso local a armonizar la legislación secundaria en un plazo de 90 días. Sin embargo, la iniciativa no fue aprobada por el Congreso del Estado.
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