Culiacán, Sin.– Estas son algunas de las iniciativas ciudadanas que el Congreso del Estado de Sinaloa envió a lo que se conoce como la “congeladora”, un argot político utilizado para aludir un proyecto o iniciativa de ley detenida en el tiempo, sin avanzar en su aprobación, a menudo de forma indefinida.

En ESPEJO elegimos algunas iniciativas que nacieron desde la ciudadanía durante el gobierno de Rubén Rocha Moya. Algunas de ellas fueron ratificadas y tomadas en consideración, pero nunca fueron dictaminadas ni llevadas al pleno. Esto significa que cumplieron con los requisitos legales para ser admitidas, ingresar al proceso legislativo y, en teoría, ser discutidas; sin embargo, ello no garantiza su aprobación, que se conviertan en ley, ni obliga al Congreso a dictaminarlas o votarlas.

Cabe señalar que el periodo de Rocha Moya como gobernador abarca dos Legislaturas, la LXIV y la LXV, ambas con mayoría del grupo parlamentario de Morena, en las que propuestas impulsadas por ciudadanía, colectivos y organizaciones civiles quedaron detenidas en comisiones, incluso rebasando los plazos legales para su análisis.

Consulta previa a pueblos indígenas y afromexicanos

 

Presentada en abril de 2024 por el ciudadano Librado Bacasegua Elenes, acompañado por el diputado Martín Vega Álvarez, integrante del Grupo Parlamentario de Morena en la LXIV Legislatura, esta iniciativa busca garantizar el derecho a la consulta previa, libre e informada cada vez que se adopten decisiones legislativas o administrativas que afecten a pueblos indígenas y afromexicanos.

Aunque fue ratificada y tomada en consideración, su plazo legal para dictaminar venció en noviembre de 2024 y, hasta ahora, sigue sin resolución.

Reforma al Sistema Estatal Anticorrupción

 

Impulsada desde noviembre de 2022 por ciudadanas, ciudadanos y organizaciones civiles, entre ellas Iniciativa Sinaloa A.C., el Observatorio Ciudadano de Mazatlán, Coparmex Sinaloa y el colectivo No Se Metan Con Nuestras Hijas, así como por diputadas y diputados integrantes de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana de la LXIV Legislatura, esta iniciativa propone reglas más estrictas para la Comisión de Participación Ciudadana, mayor transparencia y mecanismos de remoción por faltas graves.

A pesar de haber sido ratificada, lleva más de dos años congelada, con un plazo de dictaminación vencido desde julio de 2023.

Planeación Económica de Largo Plazo

 

Presentada en mayo de 2025 por ciudadanas y ciudadanos, entre ellos Héctor Ley Pineda y Adrían Coppel Calvo, esta iniciativa plantea incorporar la Planeación Económica de Largo Plazo para hacer más transparente y participativa la asignación de recursos públicos.

Fue ratificada y turnada a comisiones, pero permanece sin dictamen, con una fecha límite para resolverse en enero de 2026, plazo que ya venció.

Derechos de personas con discapacidad: talla pequeña

 

Esta iniciativa ciudadana, presentada por Martha Elena Santos Arroyo, Andrea Ríos Núñez, Candelario Félix Ramírez, Jeidi Magali López Salazar, María del Socorro Ayala Águilar y Gema Guadalupe Hermosillo Ortega, en julio de 2025, propone reconocer la talla pequeña como una forma de discapacidad y garantizar medidas de accesibilidad en espacios públicos.

Aunque fue tomada en consideración, permanece detenida en la Comisión de Derechos Humanos, con un plazo para dictaminar hasta abril de 2026.

Lengua de Señas Mexicanas en servicios públicos y educación

 

Presentada en enero de 2026 por María Alejandra Román Arenas y Claudia Daniel Meza López, esta iniciativa busca obligar al gobierno estatal a capacitar a su personal en Lengua de Señas Mexicanas y garantizar su enseñanza en escuelas.

Fue ratificada, pero aún no cuenta con dictamen ni fecha para su discusión en el pleno.

Reforma constitucional para el derecho de acceso a la información pública

 

Presentada en octubre de 2025 por las y los ciudadanos Emmanuel Espinoza Salcido, Silvia Gissell López González, José Carlos Dehesa Mitre e Ivana Yukie Carreón Hernández, esta iniciativa propone expedir una nueva Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública para el Estado de Sinaloa.

El objetivo es actualizar y armonizar la legislación estatal para promover y fortalecer la cultura de la transparencia, el acceso a la información pública, la participación ciudadana y la rendición de cuentas, mediante políticas públicas y mecanismos que garanticen información oportuna, verificable, comprensible, actualizada y completa. Asimismo, plantea establecer procedimientos sencillos y accesibles para que las personas puedan ejercer su derecho a la información, regular los medios de impugnación y definir la organización y funcionamiento del Sistema Estatal de Transparencia, así como las bases de coordinación entre sus integrantes.

Aunque fue ratificada y determinada como constitucional y legalmente válida el 11 de noviembre de 2025, la iniciativa no ha sido dictaminada ni llevada al pleno, por lo que permanece detenida en su proceso legislativo.

“Está práctica inhibe la participación ciudadana”: Iniciativa Sinaloa

 

Para Marlene León Fontes, directora de Iniciativa Ciudadana, el tratamiento que ha habido hacia las iniciativas ciudadanas, frente a las que presenta el Poder Ejecutivo, en este caso representado por Rubén Rocha Moya, no es el mismo.

Prueba de ello son aquellas iniciativas de ley que este organismo civil ha presentado y que, hasta el momento, no han avanzado. La única que logró ser dictaminada fue la creación de la Vicefiscalía Especializada en Derechos Humanos, Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas, pero esta solo se concretó tras exigencias, protestas y amparos presentados en contra del Congreso del Estado de Sinaloa.

“Si bien se aprobó, hay que recordar que fue a partir de un amparo que se presentó; o sea, la ciudadanía presentó este recurso legal para obligar al Congreso del Estado a realizar las adecuaciones pertinentes en la normativa para avanzar con dicha vicefiscalía”, dijo León Fontes.

Enfatizó que, si bien la práctica de aprobar en fast track aquellas iniciativas presentadas por el gobernador no es exclusiva de los gobiernos de Morena, no es una práctica que deba normalizarse ni dejar de señalarse, ya que resulta preocupante que no existan contrapesos, debates, discusiones, justificaciones ni una adecuada exposición de motivos. Como resultado, citó el reciente caso en el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación anuló una fracción del artículo que castiga el halconeo, por la ambigüedad que representaba y la posibilidad de violentar el derecho a la información de los ciudadanos, especialmente de los periodistas.

“Ahí están las consecuencias: una Suprema Corte que tuvo que venir a señalar y decir que no están bien las cosas. Las iniciativas ciudadanas están siendo olvidadas, rezagadas; le están apostando a que ni siquiera sean ratificadas y queden en la congeladora. Con esto se desincentiva la participación ciudadana, se minimizan protocolos y, de alguna manera, no hay certeza de que se esté legislando de manera responsable”, concluyó.

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