Después de reunirse con la familia de Ricardo Mizael, el joven de 16 años que fue asesinado el 11 de febrero al salir de su casa a adquirir lo necesario para alimentar a animales rescatados de la vía pública, el gobernador Rubén Rocha Moya lamentó y consideró preocupante que en el contexto de violencia que afecta a Sinaloa haya víctimas menores de edad, así como detenidos en las correccionales debido a delitos cometidos.

La misma situación que el mandatario estatal ha llevado de manera permanente a la Mesa de Coordinación para la Seguridad Pública, que es donde se analizan los resultados de operativos y son determinadas nuevas estrategias, mantiene en estado de alarma a la población en general por ver caer a niñas, niños, adolescentes y jóvenes inmolados por la delincuencia organizada.

Inclusive la madre de Ricardo Mizael procede a convocar a una manifestación pacífica para el domingo 22 de febrero a las 9 horas que recorrerá desde La Lomita a Catedral, en exigencia de justicia para su hijo y los demás ciudadanos inocentes ultimados durante la guerra desatada entre células delictivas que disputan el control del Cártel de Sinaloa.

Además de la obligación ineludible de los sistemas de procuración e impartición de justicia para que a cada crimen le corresponda la debida carpeta de investigación y sanción judicial, a los gobernantes les corresponde utilizar toda la fuerza legítima de las instituciones empujando hacia la legalidad, seguridad y demás acciones indispensables para la estabilidad y gobernanza.

 

La lucha por la justicia encuentra puntos de encuentro cuando ciudadanos e instituciones la convierten en bandera blanca que desde la acción civil sea instalada en la cúspide de la civilidad. Ahora con la indignación por el asesinato de Ricardo Mizael la autenticidad de la violencia refrenda el llamado a seguir despiertos para que la narcoguerra no nos halle en la siesta de los indiferentes.