Culiacán, Sin.- “Se tardaron, pero afortunadamente ya es una realidad”, dice Heidy Mares, integrante del colectivo No se Metan Con Nuestras Hijas, al referirse a la declaratoria inconstitucional de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) con respecto a una porción del Código Penal estatal que permitía a terceros decidir por mujeres con discapacidad en materia de aborto.

Mares explicó que, desde marzo de 2022, cuando se aprobó el dictamen que armonizó la legislación local con el precedente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, colectivas feministas señalaron que el texto era ambiguo y que podía prestarse a violaciones de derechos, particularmente al permitir que se anulara la voluntad de personas con discapacidad.

“Si tú revisas el dictamen es muy ambiguo. No especifica muchas cosas que después se pueden prestar para violar derechos. Entonces, fue un señalamiento que hicimos desde un principio, se tardaron casi cuatro años”, sostiene Mares.

Precisó que este avance se logró luego de años de demandas acompañadas por organizaciones como GIRE e Ipas, donde la principal exigencia era la corrección de la fracción IV del artículo 158 del Código Penal de Sinaloa.

Cuatro años de omisión

 

Para Mares, el tiempo que se demoraron en realizar la corrección tiene peso y es que no se trata solo de que la Corte haya intervenido otra vez para corregir una redacción deficiente, se trata de que el Congreso tuvo la oportunidad de hacerlo por sí mismo y decidió no hacerlo.

“Esto no es un regalo de la Corte. Es algo que estuvimos señalando desde el momento en que se aprobó el dictamen en marzo de 2022. El Congreso tuvo oportunidad de corregirlo y no lo hizo. Esa omisión sí es una forma de violencia institucional”, afirma.

Durante casi cuatro años, el vacío legal permitió interpretaciones que podían justificar decisiones sustitutas sobre el cuerpo de mujeres con discapacidad, bajo el argumento de protección o por siempre decisión de quienes fungen como tutores legales de estas personas.

¿Quién decide?

 

Lo que la Corte declaró inconstitucional la última parte de la fracción Código Penal de Sinaloa en el capítulo de interrupción del embarazo, donde se exigía el consentimiento de la mujer o persona gestante, pero se añadía una excepción: si se consideraba que estaba “imposibilitada” para otorgarlo -por ejemplo, por una discapacidad- podía decidir un tercero legalmente facultado. Esto fue lo que el máximo tribunal consideró inconstitucional y lo que ahora, una vez acate el Congreso del Estado la notificación, será eliminado.

“Las personas con discapacidad no son personas que no puedan decidir. Se les informa de manera consciente y se respeta su derecho tanto a informarse como a decidir si continuar el embarazo”, explica.

Mares advierte que el concepto de discapacidad es amplio y este puede incluir desde personas con baja visión o hipoacusia hasta distintos niveles de discapacidad intelectual. Reducirlo a incapacidad absoluta es, dice, una simplificación peligrosa para las mujeres y personas gestantes.

Incluso en casos de discapacidad intelectual profunda, el estándar no debe ser la conveniencia de terceros, sino la mejor interpretación posible de la voluntad y preferencias de la persona gestante, con ajustes razonables, acompañamiento y tiempo suficiente que deben proporcionar las autoridades.

“Lo que no se puede hacer es decidir nada más por conveniencia. Porque entonces es el mismo discurso que históricamente se ha usado para negar el derecho al aborto: alguien más cree que sabe qué es mejor para ti”.

Con respecto a la tardanza, la activista señala que esto puede interpretarse como omisión y violencia legislativa, donde no puede considerarse que una tardanza de cuatro años era algún tipo de trámite legislativo. Y es que, en términos de derechos reproductivos, pueden significar riesgos reales.

Para quienes acompañan casos, la diferencia entre un texto ambiguo y uno claro puede ser la diferencia entre ser escuchada o ser anulada.

“Decidir algo así ya es difícil. Ahora imagínate que te quiten la decisión”, señala Mares. “Vamos a violentar doblemente a las personas con discapacidad, nada más porque el Congreso no hizo la reforma a tiempo”, concluyó.

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