El ataque a balazos que privó de la vida ayer al integrante de un conjunto musical sucedió en el mismo perímetro del centro de Culiacán donde el 28 de enero un grupo de civiles armados hirió a los diputados Sergio Torres y Elizabeth Montoya, lo cual confirma que los operativos de seguridad pública persisten en reaccionar después de ocurrir hechos de violencia y no proceden a prevenirlos.

Debido a la agresión contra los legisladores fueron destacamentados elementos de fuerza pública en el área del malecón viejo (paseo Niños Héroes) contigua a la Isla de Orabá, sin embargo, días después recibieron órdenes de retirarse del lugar sin que alguien explicara los motivos ni estuviera garantizada la seguridad para miles de automovilistas y peatones que cruzan por ese sector.

El hecho delincuencial del miércoles 25 de febrero, perpetrado por el malecón viejo entre las calles José María Morelos y Donato Guerra, zona estratégica para la actividad comercial, circulación vial y movimiento de transeúntes, significaría motivo de atención prioritaria de parte del más elemental plan de seguridad no se diga si existen antecedentes de violencia de alto impacto en dicha rúa.

Este día se observa de nuevo la presencia de efectivos de la Guardia Nacional y rondines de patrullas con agentes federales y estatales, corroborándoles a los culiacanense la estrategia de actuar posteriormente a que el crimen ejecuta sus ajustes de cuentas y en cuestión de horas descuidar puntos de alto riesgo quizás en espera de que suceda el siguiente hecho de sangre.

 

¿Cuál es en sí el plan de seguridad pública para Culiacán? Tiene derecho a la respuesta una sociedad que certifica cómo la delincuencia se desplaza libremente por vialidades y sectores mientras brillan por su ausencia los operativos militares y policiales. Dos eventos de violencia de alto impacto en el mismo perímetro urbano en menos de un mes, contribuyen a que la población de Culiacán perciba protección gubernamental sin planeación y crimen que actúa sin contención.