A reserva de que el debido proceso judicial confirme la imputación ministerial, la detención del presunto asesino de Rubí Patricia Gómez, madre que buscaba a su hijo desaparecido, representa el acierto de la Fiscalía General del Estado que trae algo de luz de la justicia en el contexto de impunidad en que actúan los perpetradores de desapariciones forzadas en Sinaloa.

La mujer rastreadora fue hallada sin vida debido a heridas de objetos punzocortantes el 27 de febrero, en su vivienda de la colonia Infonavit Jalalíes de Mazatlán, mismo día que la presidenta Claudia Sheinbaum realizaba una visita de trabajo en Sinaloa.

La aprehensión y consignación del probable asesino sucede en el contexto de la guerra de año y medio entre facciones del Cártel de Sinaloa, donde las privaciones ilegales de la libertad han incrementado con el registro de 6.2 casos diarios en el período del 9 de septiembre de 2024 a la fecha.

Investigaciones conforme a procedimientos legales que sean rápidas y se traduzcan en carpetas de investigación adecuadamente integradas, es lo que reclama la sociedad y las familias de las víctimas como responsabilidad esencial del gobierno y la incapacidad de éste en detener la violencia antes de que lacere al tejido social.

El avance que se perfila en el caso de Rubí Patricia debe ser el común denominador en hechos de violencia porque si el Estado se muestra ineficaz en garantizar seguridad pública, al menos debe cumplir con la expectativa de que a cada delito le corresponda la debida acción de la ley. Resulta alentador que el supuesto agresor de la madre rastreadora sea puesto a disposición de las instancias judiciales, pero falta bastante por hacer para recuperar la confianza en la justicia.