El comportamiento irregular de la violencia, con días que golpean la seguridad y otros de baja incidencia delictiva, denotan que las autoridades deben mantener firmeza y continuidad en los operativos de protección a la ciudadanía, sin caer en excesos de confianza.

Los municipios de Culiacán y Mazatlán continúan afectados de manera preocupante por los enfrentamientos entre grupos del narcotráfico y ello le resta credibilidad al cálculo que se realiza desde los tres niveles de gobierno, en el sentido de recuperación de paz o acuerdos delincuenciales de cese de hostilidades.

Reconociendo que las instituciones de seguridad pública militares y civiles presentan mejores resultados tácticos con la detención de generadores de violencia y aseguramientos de sus arsenales, la realidad exige acciones enérgicas en vez de bajar la guardia y difundir la información de tranquilidad lograda para la población y sus actividades legítimas.

Resultaría erróneo que las autoridades federales y estatales propicien el retiro gradual de las fuerzas armadas en Sinaloa como efecto del discurso que considera que hay mejor seguridad, percepción que todavía no se asienta del todo en la ciudadanía y mucho menos en las familias afectadas por homicidios dolosos, desapariciones forzadas y robo de vehículos.

Sinaloa no tiene aún la tranquilidad que quiere y que merece ni tampoco las condiciones para iniciar la obra colectiva por la paz positiva. Los hechos criminales persisten y la jornada delictiva de ayer en Culiacán y Mazatlán mantiene la alerta por la narcoguerra latente.