Culiacán, Sinaloa.- La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) rechazó la propuesta para reinstalar a Gerardo Vargas Landeros como alcalde, luego de que una mayoría de siete ministros votara en contra del proyecto que buscaba dar trámite a la controversia constitucional promovida.

Durante la sesión, el ministro Arístides Guerrero García señaló que había que desechar la controversia constitucional promovida por el político morenista.

“En contra del proyecto, advierto como alcalde presidente como al Ayuntamiento les notificaron y les transcurrió a ambos el plazo necesario, ministro presidente, me permito que en relación con oportunidades de la controversia de inconstitucionalidad existe una mayoría de siete votos en contra de la propuesta del proyecto, muy bien dado el resultado, primera opción podríamos pedir al Ministro Arístides Rodrigo que no engrosar para no tenerlo en lista, si nos ayuda como engrosar, declarando que no es oportuno y desechándola”.

Con esta determinación, la Corte consideró improcedente la controversia, al concluir que fue presentada fuera de los plazos legales, lo que impidió entrar al fondo del asunto.

Un proceso cuestionado desde su origen

El intento de Vargas Landeros por recuperar el cargo del que fue retirado para enfrentar la justicia por presuntos actos de corrupción lo llevó a promover la controversia constitucional, aunque diversos actores políticos locales ya advertían que la vía tenía pocas probabilidades de prosperar.

Entre ellos, la diputada local Teresa Guerra señaló que la controversia no era viable jurídicamente, al considerar que los tiempos legales ya habían sido agotados. Paralelamente, la propia SCJN había aplazado la discusión del caso, mientras el Congreso del Estado analizaba la situación.

Antecedentes judiciales

El caso también está vinculado a procesos legales previos. En julio de 2025, Gerardo Vargas Landeros fue vinculado a proceso por un contrato de arrendamiento considerado ilegal, lo que abrió una ruta judicial que incidió en su situación política.

Ese antecedente se convirtió en uno de los factores que marcaron el debate público y político en torno a su posible reinstalación.

Con el voto mayoritario en contra del proyecto, la SCJN cerró la posibilidad de que la controversia avanzara. La decisión implica que no habrá restitución del cargo por esta vía, al quedar desechado el recurso por improcedente.

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