Todo indica que a Gerardo Vargas Landeros, quien en mayo de 2025 fue destituido como alcalde de Ahome por delitos cometidos contra las finanzas municipales, se le agotaron los recursos jurídicos en la larga batalla legal que emprendió en el intento por recuperar el cargo que ganó en dos elecciones constitucionales.

El fallo del pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que desecha la controversia constitucional 206/2025, en la que Vargas solicita ser reinstalado al frente de cuerpo edilicio, le da la razón juŕidica a las instancias anticorrupción que lo denunciaron y la 65 Legislatura del Congreso del Estado que lo deaforó.

Vargas Landeros está sujeto a un proceso judicial en Sinaloa al ser denunciado por la Auditoría Superior del Estado con base a una observación que se le realizó en 2021 al gobierno Ahome al detectarle la contratación de 126 patrullas por 171 millones de pesos a través del procedimiento adjudicación directa.

Es decir, existe la materia penal que dio origen a la correspondiente carpeta de investigación, aunque el ex presidente municipal que en 2021 se apuntó en el proceso interno del Movimiento Regeneración Nacional como aspirante a gobernador, alegue que se trata de revanchismos políticos en su contra.

La Corte da la resolución judicial que debe corresponder a cualquier servidor público que abuse del cargo que desempeña en perjuicio de los ciudadanos que necesitan de ese dinero expoliado en la generación de obras y servicios públicos. Al desechar los alegatos de Gerardo Vargas, el máximo tribunal refrenda el sentido correcto de la justicia: quien le roba al pueblo, la paga.