El aumento de las tarifas a usuarios del transporte urbano y foráneo fue decidido sin tomar en cuenta la economía de las familias golpeada por los altos costos de productos de consumo esencial, y en el caso de Sinaloa agudizada por la situación de violencia de alto impacto que pega en el sector económico y repercute en el bolsillo y la mesa de personas y hogares.

En principio fueron los transportistas lo que informaron del incremento en los precios de traslados, mientras el Gobierno del Estado guardó silencio hasta que la inconformidad social lo orilló a reconocer pero sin justificar el por qué de esta medida y la falta de socialización entre miles de sinaloenses que utilizan a diario el transporte público.

El único elemento válido que presentan las autoridades estatales es el incremento en el precio de los combustibles, concretamente del diésel, no obstante que los usuarios del transporte urbano y foráneo no tienen por qué cargar con políticas públicas erróneas ni sufrir consecuencias por la mentira que el ex presidente Andrés Manuel López Obrador le asestó a México en 1998 al ofrecer bajar el costo de las gasolinas.

El hecho de “lavarse las manos” reconociendo las necesidades de concesionarios y permisionarios sin exigirles a estos la modernización y calidad del servicio que prestan, resulta doblemente inadecuado porque no se colocó en la misma balanza la precariedad económica de las clases populares para las cuales la utilización del transporte público representa la única opción de movilidad.

Si en una familia de bajos ingresos económicos hay cuatro usuarios que utilizan al día seis veces cada uno el transporte colectivo, la sangría en el poder adquisitivo equivale a sacrificar requerimientos básicos a cambio de poder movilizarse a escuelas, centros de trabajo y otros quehaceres. Que alguien les diga a los ciudadanos atados al uso de camiones urbanos cómo el Gobierno de Sinaloa realizó esta ecuación de evidente perjuicio social.