El informe del Comité de las Naciones Unidas contra la desaparición forzada de personas deja muy mal parada la presidenta Claudia Shénumbaum en el contexto internacional de los derechos humanos, pues el documento expone que frente a la alarmante incidencia de este tipo de delitos el gobierno de México no admite ninguna responsabilidad.

La privación ilegal de la libertad engrosa de manera preocupante los saldos de la actividad criminal y la impunidad exhibe la inacción de instituciones de seguridad pública, ministeriales y judiciales que están rebasadas por la delincuencia ya que sólo en el caso de Sinaloa reporta más de 3 mil 500 casos desde el 9 de septiembre de 2024 a la fecha.

No son nuevos los reportes de la ONU respecto a desapariciones forzadas ya que desde 2012 ha efectuado estudios y emitido recomendaciones alertando sobre la agudización de privaciones ilegales de la libertad, cuerpos sin identificar y familias que se ven obligadas a realizar las búsquedas debido a la poca voluntad de las autoridades para apoyar tales acciones.

Para refrendar la indiferencia del gobierno de Sheinbaum en estas cuestiones, ella rechazó el informe de expertos de Naciones Unidas al considerar que “no tiene nada que ver con el trabajo que hacemos con los colectivos, la solidaridad que tenemos con madres buscadoras y padres de familia y el trabajo que estamos haciendo para erradicar este terrible delito de la desaparición en nuestro país vinculado principalmente con la delincuencia organizada”. 

En los dos sexenios en los cuales el Ejecutivo federal es presididos por el Movimiento Regeneración Nacional los mandatarios prefieren negar, minimizar y ocultar el problema de la inseguridad y desaparecer los casos de desapariciones en México. Reconocer la realidad que vive el país, y aceptar las responsabilidades de los gobernantes serían los primeros pasos hacia estrategias que entiendan y atiendan a las familias que buscan a aquellos que a la fuerza les fueron arrancados de los hogares.