Culiacán, Sin.– La iniciativa de nueva Ley de Transparencia presentada por el Ejecutivo estatal fue recibida con reservas por el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Anticorrupción, que advirtió posibles retrocesos en autonomía institucional y participación ciudadana.

El pronunciamiento firmado por todos sus miembros surge luego de que el Congreso del Estado diera primera lectura, el 21 de abril, a la propuesta que plantea, entre otros cambios, la desaparición de la Comisión Estatal de Acceso a la Información Pública (CEAIP).

Tras analizar el documento, el CPC señaló que el nuevo modelo contempla la creación de un órgano garante denominado Transparencia Sinaloa, bajo la figura de organismo desconcentrado y adscrito a la Secretaría de Transparencia y Rendición de Cuentas.

Para el Comité, esta estructura compromete la independencia operativa que requiere una instancia encargada de garantizar el acceso a la información pública.

Además, advirtió que la iniciativa no incluye mecanismos de participación ciudadana dentro de su diseño institucional, lo que dejaría fuera a la sociedad civil en tareas de vigilancia, evaluación y toma de decisiones.

Otro de los puntos señalados es la capacidad operativa de los Órganos Internos de Control, particularmente en municipios, que -según el CPC- podría resultar insuficiente para atender solicitudes de información y recursos de revisión de manera oportuna.

Ante este panorama, el organismo hizo un llamado al Congreso del Estado a revisar el contenido de la iniciativa antes de su eventual aprobación.

Entre sus propuestas, planteó modificar la naturaleza del nuevo órgano garante para convertirlo en un organismo descentralizado, así como integrar un Consejo Consultivo Ciudadano con funciones en planeación, evaluación y selección de perfiles.

También reiteró la necesidad de abrir un proceso de parlamento abierto, solicitado previamente por organizaciones civiles entre octubre de 2025 y marzo de 2026.

El CPC subrayó que el Poder Legislativo mantiene la responsabilidad de analizar el alcance, viabilidad e impacto de la reforma antes de votarla.

La iniciativa continúa su proceso legislativo en el Congreso local.

 

 

 

 

 

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