Culiacán, Sin.- La iniciativa que se desecha de plano es la que propone expedir la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de Sinaloa, presentada por ciudadanas y ciudadanos sinaloense. Así, sin más, lo informó el propio Congreso del Estado en un comunicado oficial sobre los acuerdos de la Comisión de Protocolo y Régimen Orgánico Interior.

En esa misma reunión, la Comisión también determinó que avanzara la iniciativa presentada por el gobernador Rubén Rocha Moya, con la que se busca expedir una nueva Ley de Transparencia en la entidad.

Aunque esta propuesta fue recibida por el Legislativo el 16 de abril, no fue hasta el 21 de abril cuando se analizó primeramente en comisión, se le dio primera lectura en el Pleno y se hizo pública en la plataforma oficial del Congreso, dentro del apartado de iniciativas.

En ese sentido, mientras una propuesta ciudadana fue desechada por considerarse incompatible con el nuevo marco constitucional, la iniciativa del Ejecutivo avanzó sin que, hasta ese momento, se hubieran concretado los ejercicios de parlamento abierto que desde febrero habían sido solicitados por integrantes del Sistema Estatal Anticorrupción.

También avanzó sin que hubiera respuesta a la solicitud de audiencia de la directora de Iniciativa Sinaloa A.C., Marlene León Fontes, realizada el pasado 30 de marzo. En dicha petición, se pedía la apertura al diálogo para conocer la iniciativa del ejecutivo y velar porque esta garantizará el derecho a la información pública, a saber. Pero esto tampoco sucedió.

Tanto para el Sistema Estatal Anticorrupción como para Iniciativa Sinaloa y activistas que han señalado la falta de transparencia en este proceso, la discusión no se trata solo sobre qué ley se aprobará, sino cómo se está construyendo. 

La diferencia entre modelos

 

La ley vigente en Sinaloa se sostiene sobre un organismo autónomo, la Comisión Estatal para el Acceso a la Información Pública (CEAIP), el cual es el encargado de garantizar el derecho de acceso a la información y resolver controversias entre ciudadanía y autoridades.

Pero, en una sesión convocada fuera del horario convencional que es a las 11:00 horas y en lo que activistas señalaron como un “madruguete”, el 18 de diciembre, el Congreso de Sinaloa aprobó por mayoría la extinción de este ente.

La iniciativa del Ejecutivo cambia ese diseño de raíz. Propone la desaparición de la CEAIP y traslada sus funciones a órganos internos de control de los poderes públicos, así como a una instancia desconcentrada de la Secretaría de Transparencia en el caso del Poder Ejecutivo.

En términos prácticos, esto implica pasar de un modelo con un árbitro independiente a uno donde cada poder será responsable de vigilar su propia transparencia.

En el papel, el derecho se mantiene. En la práctica, el cambio está en quién lo garantiza.

Un proceso sin los espacios prometidos

 

El 24 de febrero, durante una reunión de la Comisión de Transparencia del Congreso, integrantes del Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal Anticorrupción solicitaron abrir el proceso mediante parlamento abierto y foros regionales.

La petición buscaba evitar que la armonización de la ley se limitara a replicar el modelo federal y, sobre todo, que no implicara retrocesos en el derecho de acceso a la información.

También pidieron diagnósticos previos y fortalecer a los órganos internos de control, que eventualmente asumirían nuevas funciones bajo el nuevo esquema.

Hubo disposición. Se habló de diálogo. De escuchar. De construir en conjunto.

Pero las fechas nunca llegaron.

Para el 7 de marzo, el tono cambió. Integrantes del Comité de Participación Ciudadana (CPC) advirtieron que estaban dispuestos a “luchar hasta la última instancia” ante el riesgo de que se aprobara una “ley espejo”: una copia de la legislación federal sin ajustes al contexto local.

Señalaban posibles vacíos en la atención de solicitudes, en los recursos de revisión y en los mecanismos de vigilancia sobre el poder público.

El 26 de marzo llegó otra señal. Desde el Ejecutivo, la misma secretaria de Transparencia, Sandra Guadalupe Angulo Cázares, confirmó que la iniciativa se estaba construyendo sin mesas de trabajo con ciudadanía y que ella misma recibiría dicha propuesta.

La participación, se dijo entonces, quedaría en manos del Congreso, una vez que el documento fuera enviado.

Pero incluso ahí, los espacios tampoco se concretaron.

Así, entre solicitudes de apertura, advertencias técnicas y decisiones tomadas sin esos procesos, la nueva Ley de Transparencia llegó al Pleno y quedó en ruta legislativa para su eventual aprobación, sin que se concretaran los mecanismos de participación solicitados por organizaciones civiles.

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