Ahome, Sin.- A dos días de la protesta indígena que interrumpió la colocación de la primera piedra de Mexinol en Topolobampo, el conflicto escaló y ahora alcanza a un funcionario público.

Joel Ulises Pinzón Vázquez, síndico municipal de Topolobampo, confirmó que existe la intención de iniciar un proceso en su contra tras haber acompañado a comunidades Yoreme-Mayo durante la manifestación del 23 de abril. Aunque dijo mantenerse “tranquilo”, reconoció que la situación le tomó por sorpresa.

“Respetamos el posicionamiento del alcalde, pero no lo compartimos”, sostuvo. “Nuestro cargo es por voto popular, y el acompañamiento fue porque la gente nos lo pidió”.

El síndico defendió su presencia en la protesta como parte de sus obligaciones como representante comunitario. Aseguró que seguirá acudiendo a llamados ciudadanos, incluso ante el riesgo de consecuencias legales.

“Si el pueblo nos lo pide, vamos a estar ahí. Y si es necesario, tomaremos también las medidas legales para defendernos”, advirtió en entrevista para Revista ESPEJO.

Frente a señalamientos que vinculan la protesta con intereses partidistas, Pinzón fue enfático aclarando que el movimiento contra Mexinol no es nuevo ni responde a coyunturas electorales, como algunos actores políticos señalaron.

“Es una lucha que tiene años. No empezó hoy. La gente se organiza rápido porque lleva mucho tiempo participando en esto”, dijo el funcionario.

El síndico rechazó que exista intervención de partidos, incluyendo Morena, y atribuyó la movilización al descontento acumulado por proyectos industriales en la región. Entre la cuales mencionó como ejemplo a la planta de metanol y el polo de desarrollo económico que contempla, principalmente, empresas de tipo petroquímico.

“Es un movimiento cien por ciento genuino. Es la misma población”, insistió.

Entre consulta indígena y tensión política

El señalamiento contra el síndico ocurre en paralelo a las denuncias de comunidades indígenas y activistas que acusan a Mexinol de avanzar sin cumplir con la consulta previa, libre e informada, requisito establecido por autoridades ambientales federales.

La protesta del 23 de abril –donde incluso se derribó simbólicamente la primera piedra del proyecto– fue, para algunos activistas, la evidencia de no solo hay rechazo social, sino también existen fisuras entre la comunidad, la empresa y las autoridades.

Durante el diálogo que sostuvo, luego de la protesta, el gobernador Rubén Rocha Moya con los integrantes de la comunidad se comprometió a que no habría persecución de ningún tipo.

Pesé a ello, recientemente el alcalde sustituto de Ahome, Antonio Menéndez de Llano Bermúdez, anunció que la presencia del síndico en la manifestación será investigada por el Órgano Interno de Control y la Sindicatura de Procuración.

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