Rubén Rocha Moya, gobernador de Sinaloa, así como otros nueve funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa fueron acusados por el gobierno de Estados Unidos por delitos de tráfico de drogas y de armas a favor de “Los Chapitos”, grupo criminal que pertenece al Cartel de Sinaloa.

“Para proteger y hacer crecer este imperio del tráfico de drogas, el cartel se ha aliado con políticos y agentes del orden público corruptos, incluido el actual gobernador de Sinaloa, RUBÉN ROCHA MOYA, el acusado”, se señaló en el expediente.

De acuerdo con la acusación presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de los Estados Unidos de Nueva York, Rocha Moya, junto con el senador y ex secretario de Gobierno Enrique Inzunza Cázarez, el empresario y ex secretario de Administración y Finanzas Enrique Díaz Vega, el vicefiscal Dámaso Castro Saavedra, los ex directores de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilez y Alberto Jorge Contreras Núñez, el ex secretario de Seguridad Gerardo Mérida Sánchez, el ex director de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito, el alcalde de Culiacán Juan de Dios Gámez Mendívil, y Juan Valenzuela Millán trabajaron o forman parte del Cartel de Sinaloa.

“Los acusados, todos ellos funcionarios actuales o antiguos del gobierno o de las autoridades del orden público en Sinaloa, han participado en esta asociación delictuosa con el cartel para importar cantidades masivas de fentanilo, heroína, cocaína y metanfetamina desde México a los Estados Unidos”, se lee en el documento.

De acuerdo con el expediente, los 10 hombres protegieron a los líderes del cartel contra investigaciones, detenciones y procesos judiciales, además habrían facilitado información sensible sobre policías locales y fuerzas militares sobre sus operativos para apoyar actividades del cartel, como transportar droga ilegal.

“Ordenaron a miembros de organismos policiales estatales y locales, como la Policía Estatal de Sinaloa, la Policía de Investigación de la Fiscalía General del Estado de Sinaloa y la Policía Municipal de Culiacán, que protegieran los cargamentos de droga almacenados en México y en tránsito hacia los Estados Unidos y permitieron que los miembros del cartel cometieran actos de violencia brutal relacionados con el tráfico de drogas sin que ello tuviera consecuencias. A cambio, los acusados han recibido colectivamente millones de dólares en dinero procedente del narcotráfico del cartel”, se lee en el expediente.

El gobierno estadounidense indicó que los funcionarios han trabajado con y para diversos criminales, pero sobre todo con Iván Archivaldo Guzmán Salazar, Jesús Alfredo Guzmán Salazar, y Ovidio Guzmán López, alias “Ratón”, hijos del narcotraficante Joaquín Guzmán Loera, “El Chapo”.

“ Junto con los acusados, han perpetuado un ciclo de corrupción alimentado por el narcotráfico, en el que proporcionan sobornos a los acusados y a otros políticos y agentes del orden público a cambio de su protección y apoyo”, se indicó.

Rocha Moya habría trabajado con “Los Chapitos” desde su campaña política

Como parte de las pruebas, la acusación recogió el secuestro masivo de militantes y operadores del PRI durante el 6 de junio de 2021, día de la elección en la que resultó ganador Rubén Rocha Moya con el partido Morena.

“Para respaldar la elección de ROCHA MOYA, los líderes de los Chapitos, entre otros aspectos, ordenaron a los miembros de los Chapitos que robaran las papeletas con votos de los oponentes de ROCHA MOYA, y que secuestraran e intimidaran a los candidatos de la oposición”, se estableció en el expediente.

Rocha Moya, ya electo y como gobernador, se habría reunido en distintas ocasiones con “Los Chapitos”, en las que habría prometido apoyar el trasiego de drogas.

“Según lo prometido, desde que fue elegido gobernador, y a cambio del apoyo de los Chapitos en su elección, ROCHA MOYA ha permitido que los Chapitos operen con impunidad en Sinaloa. Entre otras cosas, ROCHA MOYA ha permitido a los líderes de los Chapitos colocar a otros funcionarios corruptos en puestos de poder en el gobierno estatal y local de Sinaloa, así como en determinadas agencias estatales y locales encargadas del orden público. A su vez, los funcionarios alineados con los Chapitos en la administración de ROCHA MOYA han protegido a los Chapitos y sus operaciones de tráfico de drogas”, se destacó en el expediente.

Respecto al resto de funcionarios, el gobierno de Estados Unidos señaló que fueron quienes apoyaron en las operaciones. Como ejemplo, el senador Enrique Inzunza Cázarez, cuando fue secretario de Gobierno, así como el empresario Enrique Díaz Vega siendo secretario de Administración y Finanzas se habrían encargado de colocar a funcionarios corruptos y ser los enlaces principales con “Los Chapitos”.

“Como miembros de alto nivel del gabinete, tanto ENRIQUE DÍAZ VEGA como ENRIQUE INZUNZA CÁZAREZ, el acusado, ayudaron a los líderes de los Chapitos a colocar a funcionarios corruptos para proteger las operaciones de tráfico de drogas de los Chapitos y actuaron como enlaces entre los líderes de los Chapitos y ROCHA MOYA, incluyendo la transmisión de comunicaciones de los líderes de los Chapitos a ROCHA MOYA sobre el apoyo de los Chapitos a ROCHA MOYA a cambio de la protección de su administración a los Chapitos. Además, entre otros aspectos, antes de las elecciones gubernatoriales de junio de 2021 en Sinaloa, en las que ROCHA MOYA fue elegido gobernador, DÍAZ VEGA entregó a los líderes de los Chapitos los nombres y direcciones de los oponentes de ROCHA MOYA, para que los Chapitos pudieran amenazar y obligar a esos oponentes a retirarse de la contienda por la gobernación”, se estableció en la relatoría.

Por otro lado, el vicefiscal Dámaso Castro Zaavedra habría sido sobornado en distintas ocasiones para no detener a ninguno de “Los Chapitos”. Misma situación se señaló a los ex directores de la Policía de Investigación Marco Antonio Almanza Avilez y a Alberto Jorge Contreras Núñez, así como con el ex secretario de Seguridad Pública Gerardo Mérida Sánchez y su jefe de la Policía Estatal José Antonio Dionisio Hipólito.

Otro de los funcionarios que habría sido sobornado es el alcalde Juan de Dios Gámez Mendívil, junto al comandante de la Policía Municipal Juan Valenzuela Millán.

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