Presidentas y presidentes municipales de Sinaloa difundieron este jueves un posicionamiento conjunto en respaldo institucional al gobernador Rubén Rocha Moya, luego de los señalamientos emitidos por autoridades de Estados Unidos que lo vinculan, junto a otros funcionarios y exfuncionarios sinaloenses, con presuntas operaciones criminales relacionadas con el Cártel de Sinaloa.

En el comunicado, firmado por alcaldes y alcaldesas de los municipios del estado, las autoridades municipales sostienen que los señalamientos deben ser atendidos con “responsabilidad pública, prudencia política y respeto absoluto al marco legal mexicano”.

Los ediles subrayan que ninguna imputación puede estar por encima del debido proceso ni de las instituciones del Estado mexicano, particularmente luego de que la Secretaría de Relaciones Exteriores informara que las solicitudes de detención provisional con fines de extradición remitidas por Estados Unidos serán turnadas a la Fiscalía General de la República, aunque sin anexar elementos probatorios suficientes.

“Coincidimos en que no puede ni debe construirse una narrativa de culpabilidad sin sustento probatorio, ni permitirse que señalamientos sin evidencia firme vulneren la institucionalidad, la presunción de inocencia y el Estado de derecho”, se lee en el documento.

 

En el pronunciamiento, los alcaldes reiteraron su confianza en que las instituciones mexicanas actuarán con objetividad jurídica y respeto irrestricto a la soberanía nacional.

Además, expresaron reconocimiento hacia Rocha Moya, a quien describieron como “un hombre de instituciones, abierto al diálogo y comprometido con la coordinación entre los distintos órdenes de gobierno”.

El desplegado concluye con un llamado a la “templanza, cohesión y responsabilidad” ante la coyuntura, al tiempo que refrenda el respaldo de los gobiernos municipales al mandatario estatal.

¿Quiénes firman?

 

En el desplegado aparecen las firmas de 18 presidentas y presidentes municipales de Sinaloa, quienes suscriben el respaldo institucional al gobernador Rubén Rocha Moya:

  • Antonio Menéndez — Presidente Municipal de Ahome
  • Richard Millán — Presidente Municipal de Elota
  • Estrella Palacios — Presidenta Municipal de Mazatlán
  • Alberto Rivera — Presidente Municipal de Angostura
  • Víctor Manuel Díaz — Presidente Municipal de Escuinapa
  • Enrique Parra — Presidente Municipal de Mocorito
  • José Paz López — Presidente Municipal de Badiraguato
  • Faustino Torres — Presidente Municipal de Eldorado
  • Claudia Liliana Valdez — Presidenta Municipal de Rosario
  • Óscar Zamudio — Presidente Municipal de Concordia
  • Gildardo Leyva — Presidente Municipal de El Fuerte
  • Guadalupe López — Presidenta Municipal de Salvador Alvarado
  • Karla Úrsula Corrales — Presidenta Municipal de Cosalá
  • Cecilia Ramírez — Presidenta Municipal de Guasave
  • Luis Fernando Loaiza — Presidente Municipal de San Ignacio
  • Juan de Dios Gámez Mendívil — Presidente Municipal de Culiacán
  • Evangelina Llanes — Presidenta Municipal de Juan José Ríos
  • Rolando X. Mercado — Presidente Municipal de Sinaloa municipio

¿Quiénes son los acusados?

 

De acuerdo con la acusación presentada ante el Tribunal del Distrito Sur de Nueva York, además de Rubén Rocha Moya fueron mencionados diversos funcionarios y exfuncionarios sinaloenses por presuntamente participar en operaciones de protección y colaboración con el Cártel de Sinaloa.

Estos son:

  • Enrique Inzunza Cázarez, senador y ex secretario de Gobierno
  • Enrique Díaz Vega, empresario y ex secretario de Administración y Finanzas
  • Dámaso Castro Saavedra, vicefiscal
  • Marco Antonio Almanza Avilez y Alberto Jorge Contreras Núñez, ex directores de la Policía de Investigación
  • Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad
  • José Antonio Dionisio Hipólito, ex director de la Policía Estatal
  • Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán
  • Juan Valenzuela Millán

 

Según el documento judicial, todos ellos habrían trabajado o formado parte de una estructura vinculada al Cártel de Sinaloa, acusaciones que deberán ser revisadas por las autoridades mexicanas conforme al debido proceso y a los mecanismos legales correspondientes.

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