Culiacán, Sinaloa.- El Grupo Parlamentario de Morena en el Congreso del Estado manifestó su apoyo al gobernador Rubén Rocha Moya, y se descartó, por ahora, cualquier escenario relacionado con su salida del cargo, al señalar que no existen condiciones legales que lo justifiquen.

María Teresa Guerra Ochoa, presidenta de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Sinaloa, señaló que no se está valorando la salida de Rubén Rocha Moya del cargo, pues las acusaciones realizadas por el Gobierno de Estados Unidos carecen de sustento jurídico.

“Hasta ahorita no hay ninguna petición en ese sentido y sería muy irresponsable de nuestra parte que a cualquier señalamiento y sobre todo de un gobierno extranjero que no exhibe documentación, tuviéramos ese tipo de reacción”, dijo.

(…) No nos podemos adelantar, creo que lo menos que debemos de tener es ese deseo de estar especulando sobre circunstancias”, agregó.

En ese sentido, el Grupo Parlamentario de Morena se posicionó en apoyo del gobernador, funcionarios y ex funcionarios de Sinaloa, acusados por el Gobierno de Estados Unidos de presuntos actos de tráfico de drogas y posesión ilícita de armas de fuego.

Guerra Ochoa indicó que cualquier acusación debe estar sustentado en pruebas claras y debe respetar el debido proceso, condiciones que en esta ocasión no se han cumplido.

“Quienes nos dedicamos al derecho sabemos que cuando hay una solicitud de detención lo más que cuidas es la confidencialidad porque exponer los nombres incluso no solamente es violentar el debido proceso, es dar causa para cualquier anulación de proceso y ademas, es advertir, se supone que por eso, entre otras cosas, guardas secrecia”, dijo.

Además, señaló que en los señalamientos se mencionan mandos que datan de administraciones desde 2012 y 2017, lo que implicaría la participación de gobiernos anteriores de distinto signos partidistas, aunque, dijo, no se hace referencia a ellos.

“No dejamos de advertir un afán injerencista porque se da a conocer algo sin tener los elementos de prueba, esto resta seriedad y le da un cáliz político a algo que debía ser esencialmente jurídico”, indicó.

Finalmente los legisladores reiteraron su confianza en la Fiscalía General de la República quien, indicaron, actuará con responsabilidad y en apego al derecho.