Culiacán, Sin.- La posible relación entre el poder político y el crimen organizado en Sinaloa no debe limitarse al presente, sino entenderse como un fenómeno acumulado durante décadas, planteó el exgobernador Francisco Labastida Ochoa.

En entrevista paraESPEJO, el exmandatario de Sinaloa señaló que cualquier indagatoria sobre el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, tendría que ampliarse a administraciones anteriores.

“Tienen que revisar también el pasado y ver qué ha ocurrido. Si los delitos no han prescrito, hay que investigarlos”, afirmó.

 

Labastida, quien fue gobernador de Sinaloa de 1987 a 1992, sostuvo que los vínculos entre autoridades y grupos delictivos no son recientes, sino resultado de una construcción progresiva que ha permitido la infiltración del crimen en estructuras del Estado.

Aunque mencionó versiones no comprobadas sobre presuntos nexos de actores políticos con grupos criminales, insistió en que el problema central es estructural.

“Hay indicios muy sospechosos de que varios funcionarios hicieron acuerdos con los narcos para manejar dinero y darles dinero a las campañas electorales”, dijo. “Eso, junto con otros recursos ilícitos -como el robo de combustible y la evasión fiscal- genera cantidades enormes de dinero que pueden usarse para lo que usted quiera imaginar”.

 

En ese contexto, Labastida ubicó un momento reciente en el que, dijo, esta relación se volvió más visible.

2021: un punto de inflexión

 

El exgobernador ubicó como punto de quiebre en la relación entre el narco y la política en el proceso electoral de 2021, las cuales -aseguró- estuvo marcado por violencia, coacción y participación directa de grupos armados. Recordó los más de 50 casos de privación ilegal de la libertad contra operadores políticos del PRI y describió escenas en las que convoyes armados interactuaban con fuerzas de seguridad sin ser detenidos.

“Creció muchísimo y fue mucho más descarado. Además, el candidato del PRI, Mario Zamora, calcula que secuestraron a mil gentes… Fueron violentas, muy violentas”, sostuvo.

 

Para Labastida, la crisis actual de violencia e impunidad en Sinaloa no puede entenderse sin esa relación histórica entre poder político y crimen organizado. Lo cual, dijo, refleja un problema más profundo.

Instituciones infiltradas

 

El exgobernador señaló que el problema de fondo es la captura de instituciones clave, como policías, ministerios públicos y fiscalías.

Incluso, recordó casos como el asesinato de Héctor Melesio Cuén Ojeda que, dijo, evidencian posibles encubrimientos desde el propio aparato de justicia.

En ese sentido, afirmó que el sistema judicial está desarticulado y que los niveles de impunidad impiden que el estado funcione sin corrupción.

El también excandidato presidencial respaldó la posibilidad de que Rocha Moya sea investigado por autoridades de Estados Unidos, al considerar que el sistema de justicia en México no ha sido capaz de responder a la crisis de seguridad.

“Estoy de acuerdo. Por muchas razones, entre ellas está que el sistema judicial mexicano no ha sido capaz de detectar los problemas en materia de seguridad. No funciona bien”, respondió al ser cuestionado sobre esa opción.

 

Labastida estimó que la impunidad en el país alcanza el 98 por ciento y señaló que México cuenta con apenas 3.3 agentes del Ministerio Público por cada 100 mil habitantes, frente a los 25 que tienen países como Colombia o naciones de la Unión Europea.

Frente a este escenario, planteó que una de las salidas pasa por una depuración profunda de las instituciones.

Depuración como salida

 

El exmandatario recordó su paso por el gobierno estatal, donde implementó una estrategia de depuración de las corporaciones de seguridad.

Indicó que, durante su administración, un alto porcentaje de elementos no superó controles de confianza y fueron separados por presuntos vínculos con el crimen.

“No puedes combatir al crimen si no tienes con quién hacerlo”, dijo.

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