Culiacán, Sin.- El Congreso de de Sinaloa dio segunda lectura a la iniciativa que busca garantizar la gratuidad en las pruebas de ADN, con el objetivo de facilitar el reconocimiento de paternidad y eliminar una de las principales barreras económicas que enfrentan madres e infancias al intentar acceder a su derecho a la identidad.

La propuesta, impulsada por el grupo parlamentario de Morena, avanza en el proceso legislativo como una medida que busca ampliar el acceso a la justicia, particularmente en contextos donde el costo de estos estudios impide siquiera iniciar un procedimiento.

Sin embargo, fuera del discurso institucional, la lectura desde colectivos es más crítica. Aunque reconocen que la medida puede abrir la puerta a procesos legales que hoy se ven frenados desde el inicio, advierten que el problema de fondo no está resuelto. Para ellas, la gratuidad de las pruebas atiende una barrera importante, pero no garantiza que, una vez acreditada la paternidad, existan condiciones reales para hacer exigibles otros derechos, como la pensión alimenticia o el acceso efectivo a la justicia.

Para Heidy Mares, integrante del colectivo No se Meten con Nuestras Hijas, el principal valor de la iniciativa radica en eliminar el primer filtro económico que enfrentan muchas mujeres.

Explicó que, en la práctica, el costo de una prueba de ADN puede significar el abandono del proceso desde el inicio, dejando a niñas y niños sin la posibilidad de acreditar legalmente su filiación.

“El costo de las pruebas de ADN funciona como una barrera económica que impide a muchas mamás y a las infancias ejercer el derecho a la identidad”, señala.

No obstante, advirtió que el alcance de la reforma es limitado si no se acompaña de cambios más profundos en el sistema judicial y en la ejecución de las leyes. Desde su experiencia, el reconocimiento de paternidad no se traduce automáticamente en justicia ni en el cumplimiento de obligaciones.

“La prueba por sí sola no garantiza justicia si no va acompañada de mecanismos eficaces para hacer exigibles derechos como la pensión alimenticia”, subraya, al tiempo que insiste en la necesidad de procesos más ágiles que no revictimicen a las madres.

En ese sentido, Mares planteó que el problema es estructural y va más allá de una sola reforma. Advierte que existe una tendencia a presentar este tipo de iniciativas como soluciones completas, cuando en realidad solo atienden una parte del problema.

“El problema es pensar que eso es suficiente… hay abandono institucional y las cargas económicas y emocionales siguen recayendo casi siempre en nosotras”, afirma. “El detalle es qué incluye esta propuesta para asegurar que haya un acceso a la justicia, que no es una fachada o una propuesta vacía”.

Una postura similar sostiene Teresa Ibarra, del colectivo Tendedero de Deudores Alimentarios de Mazatlán, quien reconoce que la gratuidad de las pruebas representa un avance concreto para mujeres que actualmente no pueden costear estos estudios. Desde el trabajo del colectivo, explicó que este tipo de herramientas puede facilitar procesos que, de otra forma, se vuelven inaccesibles desde el inicio, especialmente en casos donde la negativa del padre impide avanzar por la vía legal.

Sin embargo, puso sobre la mesa un pendiente que, desde su perspectiva, debería ser prioritario y es el funcionamiento del padrón de deudores alimentarios.

Señaló que, aunque este mecanismo ya existe en la ley, en Sinaloa no está operando, lo que limita su impacto real en la vida de las familias.

“Está muy padre la iniciativa, pero lo primero que debería estar funcionando es el padrón de deudores… y aquí no está activado porque cuesta presupuesto y digo, bien por las pruebas, pero está esa deuda pendiente también ”.

Además, describió que el acceso a la justicia sigue siendo un proceso largo, costoso y desgastante, incluso cuando se logran avances legales. Explicó que los juicios por pensión pueden extenderse durante meses o años, mientras las madres enfrentan múltiples cargas laborales para sostener a sus hijos.

“Puedes tardar años en recibir una pensión, mientras las infancias siguen sin recursos y las madres con dos o tres trabajos y no es justo. Así que sí, es un avance, pero todavía hay mucho pendiente”, señala.

Desde el Congreso, la presidenta de la Junta de Coordinación Política, María Teresa Guerra Ochoa, defendió a la iniciativa como parte de una agenda con enfoque social orientada a reducir desigualdades.

Señaló que la reforma busca garantizar el derecho a la identidad de niñas y niños y avanzar en la corresponsabilidad en la crianza, atendiendo lo que considera una deuda histórica tanto con las infancias como con las mujeres.

Aun así, entre los colectivos persiste una advertencia donde el problema no es la intención de la reforma, sino su alcance real. La experiencia con otras iniciativas ha mostrado que el mayor reto no está en aprobarlas, sino en aplicarlas de manera efectiva. Sin mecanismos que aseguren su implementación y articulación con otras políticas, el riesgo de que esta medida se quede en el papel sigue siendo una preocupación latente.

¿De qué trata la iniciativa?

 

La propuesta plantea reformar el Código Familiar de Sinaloa para establecer que, en los juicios de reconocimiento o impugnación de paternidad, el juez pueda ordenar la realización de pruebas de ADN sin que la persona solicitante tenga que cubrir su costo cuando no cuente con recursos económicos. En estos casos, el gasto sería asumido por el Estado, eliminando uno de los principales obstáculos que enfrentan las madres al iniciar estos procesos.

Además, la iniciativa contempla que, si el presunto padre se niega a someterse a la prueba genética ordenada por la autoridad judicial, se pueda presumir la existencia del vínculo de paternidad. Con esto se busca evitar que la negativa funcione como una estrategia para retrasar o evadir responsabilidades, permitiendo que los procesos avancen con mayor rapidez y reduzcan la incertidumbre jurídica para las infancias.

Por otro lado, se propone modificar la Ley de Salud estatal para garantizar que las instituciones públicas realicen estas pruebas sin costo cuando exista una orden judicial. La Secretaría de Salud tendría la obligación de definir qué centros estarán habilitados para ello, con el objetivo de asegurar que el servicio sea accesible, oportuno y funcional dentro del sistema público.

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