Gerardo Mérida Sánchez, ex secretario de Seguridad Pública de Sinaloa en el gobierno de Rubén Rocha Moya, promovió una demanda de amparo contra actos de jueces federales adscritos al Centro de Justicia Penal Federal en Michoacán y otras autoridades sobre posibles órdenes de aprehensión para evitar ser detenido.

El expediente fue registrado con el número IV-539/2026 ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Morelia.

De acuerdo con el acuerdo judicial fechado el 1 de mayo de 2026, el juez admitió la demanda de amparo y solicitó informes justificados a las autoridades responsables, a quienes requirió informar si Mérida Sánchez ha tramitado otro juicio de amparo relacionado con el mismo acto reclamado.

En el mismo acuerdo, el Juzgado concedió a Gerardo Mérida Sánchez una “suspensión de plano y de oficio” contra una orden de detención provisional con fines de extradición, cualquier resolución judicial relacionada con su entrega a un Estado extranjero o actos tendientes a ejecutar una posible extradición.

La suspensión fue concedida para evitar que el quejoso sea entregado a otro país hasta la solución total del juicio de amparo.

El juzgado determinó que Mérida Sánchez deberá permanecer a disposición del órgano jurisdiccional de amparo únicamente “en lo relativo a su libertad personal”.

Las autoridades responsables deberán informar, dentro de las 24 horas siguientes a la notificación.

¿Por qué pide amparo?

 

Mérida Sánchez es uno de los 10 hombres involucrados en una acusación de la Fiscalía de Estados Unidos por un presunto trasiego de drogas y resguardo de armas, así como encubrimiento, protección y beneficios a miembros de la facción de “Los Chapitos”, del cartel de Sinaloa, a cambio de favores políticos y sobornos.

En la acusación se señaló al gobernador Rubén Rocha Moya como el principal sospechoso, un hecho que lo llevó a solicitar licencia para someterse a una investigación. Lo mismo hizo Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde de Culiacán, quien es otro de los acusados.

En la acusación se señaló a Mérida Sánchez como el encargado de filtrar información de fuerzas estatales y federales sobre operativos a miembros de “los Chapitos”. También habría dado protección y evitado la detención de pistoleros. Eso lo habría hecho a cambio de sobornos multimillonarios, según el gobierno estadounidense.