Culiacán, Sin.- Con la finalidad de elevar el combate a la corrupción a nivel constitucional y no solo como política pública, el Comité de Participación Ciudadana (CPC) del Sistema Estatal Anticorrupción entregó una iniciativa de ley que busca reformar el artículo 4° Bis B de la Constitución de Sinaloa para reconocer como derecho humano vivir en un ambiente libre de corrupción y con buen gobierno.
Lucía Irena Mimiaga León, presidenta del organismo, explicó que esta propuesta se enmarca en un contexto político donde hay un incremento en la violencia e inseguridad; falta de justicia; crisis política; y señalamientos internacionales de corrupción vinculada al crimen organizado.
“Vemos ahora el momento indicado para hacer este llamado de atención a los diputados: necesitamos el fortalecimiento institucional. Hay una debilidad que se muestra con estas acusaciones y es necesario atenderla”.
“Creemos que están en un buen momento para hacer esa reflexión y, ahora sí, abrir las puertas a la ciudadanía en Parlamento Ciudadano, escuchar las iniciativas ciudadanas y que no se simule la participación en este Congreso”.
Apuntó que actualmente el sistema anticorrupción se enfoca en perseguir sobornos, abusos de autoridad, empresas fantasma y desvíos; en ese sentido, hay una debilidad institucional que no atiende, dijo, todo lo que afecta cuando hay temas de corrupción a la ciudadanía.
Por su parte, Raquel Zapién Osuna, miembro del CPC, consideró necesario elevar a rango constitucional en el Estado de Sinaloa el derecho humano a una vida libre de corrupción y a la buena administración, para proteger a las personas que sean víctimas de la corrupción.
“El objetivo de este decreto es fortalecer el marco jurídico para que las personas víctimas de corrupción puedan tener mayor protección“, detalló.
De aprobarse la iniciativa, Sinaloa sería la quinta entidad en reconocer este derecho en sus constituciones locales. A la fecha, ya ha sido reconocido en Baja California, Tabasco, Durango y Michoacán.
Por último, el CPC hizo un llamado a la 65 Legislatura del Congreso del Estado de Sinaloa para que dé curso y celeridad a esta iniciativa de decreto que busca dotar a la ciudadanía de protección constitucional y mayores recursos jurídicos para acceder a la justicia cuando sus derechos humanos sean vulnerados por un acto de corrupción.
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