Culiacán, Sinaloa.- En medio de la violencia que se vive en Sinaloa, elementos de la Policía Estatal Preventiva adscritos al Grupo de Operaciones Especiales (GOES), denunciaron presuntas irregularidades laborales y actos de hostigamiento al interior de la corporación.
El grupo de agentes que solicitó anonimato por temor a represalias, señaló a ESPEJO que tras el llamado “segundo Culiacanazo”, en 2023, el ahora gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, les prometió que su bono operativo pasaría de 7 mil 200 pesos a 15 mil pesos mensuales, para así homologar sus percepciones con las escoltas del gobernador y militares que operan en el mismo grupo.
Sin embargo, a pesar de que ya han pasado años de dicho compromiso, y aún con la situación de violencia que impera enSinaloa, por la cual trabajan bajo condiciones de alto riesgo, los policías acusaron que dicha homologación no se ha aplicado de manera general y el bono se entrega de manera discrecional por los altos mandos de la corporación.
“Nosotros nos arriesgamos en la calle todo el día, somos policías honestos y no nos alcanza, más que nada porque no tenemos otro ingreso y nos cansamos”, dijo uno de los agentes.
Los elementos del GOES denunciaron que además de la precariedad laboral, trabajan bajo constantes actos de hostigamiento y maltrato por parte de mandos militares y directivos de la corporación. Detallaron que suelen sufrir, amenazas, trato prepotente, presiones constantes y les obligan a tener turnos de casi 24 horas, sin descansos.
“Queremos que hagan los cambios de los mandos de gobierno y que pongan a gente que sea considerada, que conozca las situaciones que pasamos nosotros, que mire por nosotros, no nada más por su equipo cercano”, dijo el agente.
Mencionaron que ante la situación de alto riesgo que se vive en Sinaloa debido a la violencia generada por los enfrentamientos de grupos criminales, las y los policías salen a trabajar sin certeza de regresar con bien a sus hogares, y a esto se le suma que no cuentan con el equipo necesario para hacerlo.
“A los mandos solo les interesa el puro militar, por eso queremos que pongan personal que sepa, ellos son militares también, pero nosotros no somos militares”, indicó un denunciante, al acusar que dentro de la corporación existe un trato diferenciado hacia los elementos militares.
De acuerdo con datos de México Evalúa, la adopción de prácticas castrenses en corporaciones estatales y municipales se suele reflejar en menos rendición de cuentas, menos transparencia y mayor jerarquización en la toma de decisiones.
En Sinaloa, de los nueve titulares que ha tenido la Secretaría de Seguridad Pública Estatal (SSPE) entre 2008 y 2026, siete han contado con trayectoria militar. Desde 2017, las personas que han ocupado dicho cargo han provenido de las fuerzas armadas:
- Genaro Robles Casillas (2017- 2018).
- Inocente Fermín Hernández (2018).
- Cristóbal Castañeda Camarillo (2018-2023).
- Gerardo Mérida Sánchez (2023-2024).
- Óscar Rentería Schazarino (2024-2026).
- Sinuhé Téllez López, actual titular también con formación militar.
Los policías denunciantes solicitaron el apoyo de la gobernadora interina, Yeraldine Bonilla, y demás autoridades gubernamentales para que se atiendan estas demandas laborales y se realice una investigación sobre las condiciones en las que desempeñan sus funciones.
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