Desde el jueves de esta semana, agricultores de Sinaloa que tenían pendiente el pago del apoyo a la comercialización del maíz correspondiente a 2023 han comenzado a recibir los depósitos en sus cuentas bancarias. Así lo confirmó a ESPEJO el activista del campo sinaloense, Martín Lim.

La dispersión de estos recursos ocurre en un momento crítico para el sector agrícola estatal, golpeado por la falta de rentabilidad en la producción de granos. Los bajos precios del maíz, insuficientes para cubrir los altos costos de producción, han derivado en una caída productiva y una crisis financiera que, según líderes del sector, ha obligado a un número aún no determinado de productores a abandonar la actividad.

El apoyo consistía en 750 pesos por tonelada y fue anunciado como una medida para amortiguar las pérdidas ocasionadas por la baja cotización del grano durante ese año.

No obstante, cientos de beneficiarios quedaron fuera de los pagos iniciales y, durante meses, denunciaron retrasos y respuestas evasivas por parte de la delegación local de la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER).

Sobre la relevancia de estos recursos, Lim subrayó que su entrega puede representar la diferencia entre continuar o no en la actividad agrícola, particularmente ante el complejo panorama que enfrenta actualmente el campo sinaloense.

“Son importantísimos, porque estás hablando de más de 100 mil pesos en algunos casos. Y esos 100 mil pesos son un aliciente para continuar en nuestra vida del campo. Los gastos que hemos hecho han sido enormes”, dijo.

 

La liberación de los apoyos se da después de meses de protestas, bloqueos carreteros y manifestaciones en las oficinas de SADER en Culiacán, que se intensificaron desde noviembre de 2025.

Pese a las inconformidades por los retrasos, Lim reconoció las gestiones realizadas por la Secretaría de Agricultura de Sinaloa, encabezada por Ismael Bello Esquivel, ante el gobierno federal para agilizar la liberación de los recursos pendientes. “Ha jalado”, expresó, al referirse a la intervención de la dependencia estatal.

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