La presidenta Claudia Sheinbaum Pardo encabezó este martes la firma del acuerdo del Sistema de Ordenamiento de la Producción y Comercialización de Maíz Blanco, un esquema impulsado por el Gobierno federal para dar certidumbre a productores y compradores, estabilizar precios y planear con anticipación la comercialización de las cosechas nacionales.

El acuerdo, suscrito junto con la Secretaría de Agricultura y Desarrollo Rural (SADER), la Secretaría de Hacienda y representantes del sector productivo, contempla un esquema de “precio justo” para productores de estados clave como Sinaloa, Jalisco, Guanajuato, Michoacán, Tlaxcala y Campeche.

De acuerdo con el planteamiento presentado, el programa beneficiará a cerca de 61 mil productores y abarcará un volumen estimado de siete millones de toneladas de maíz blanco.

Uno de los principales cambios será la implementación de mesas de trabajo para acordar compras anticipadas de las cosechas Primavera-Verano 2026 y Otoño-Invierno 2026/2027. Estas negociaciones deberán realizarse 45 días antes del inicio de las siembras y definirán bases regionales de comercialización consideradas “justas”, con el objetivo de garantizar la salida de las cosechas nacionales y evitar que sean desplazadas por importaciones.

El esquema será voluntario y contará con la participación de empresas compradoras de maíz para consumo humano y pecuario.

Además, la Secretaría de Hacienda respaldará mecanismos de cobertura frente a riesgos de precios futuros y fenómenos climáticos, mientras que empresas proveedoras de semillas, fertilizantes y plaguicidas participarán mediante compras consolidadas para reducir costos de producción.

Para pequeños productores con menos de cinco hectáreas, continuará el esquema de precios de garantía operado por Alimentación para el Bienestar.

El Grupo Consultor de Mercados Agrícolas (GCMA) consideró que la propuesta representa un cambio relevante en la política agrícola mexicana al retomar mecanismos orientados a garantizar rentabilidad e ingreso mínimo para los productores de maíz.

Según el análisis del organismo, el modelo plantea que el Gobierno funcione como facilitador mediante coberturas de precios y seguros climáticos, reduciendo parte de la volatilidad que históricamente ha afectado al sector agrícola.

También señalaron que el esquema podría permitir a las empresas consumidoras planear con mayor anticipación sus compras de cosechas nacionales, fortaleciendo el abasto interno y la integración de cadenas productivas.

GCMA advirtió que el éxito del acuerdo dependerá de varios factores, entre ellos que el “precio justo” realmente garantice rentabilidad para los productores.

Entre los principales retos identificados se encuentran lograr negociaciones transparentes y eficientes entre productores, compradores y autoridades, así como consolidar contratos anticipados que den certidumbre comercial a ambas partes.

También advierte que será crucial implementar mecanismos eficientes de cobertura frente a variaciones de precios, y evitar que las cosechas nacionales sean desplazadas por importaciones, especialmente en estados con alta producción como Sinaloa.

El acuerdo surge en un contexto de presión para los productores de maíz del país, particularmente en entidades agrícolas del norte y occidente, donde la caída de precios internacionales, el aumento de costos y la incertidumbre comercial han afectado la rentabilidad del sector.

La firma ocurre, además, después de una serie de protestas y movilizaciones de agricultores registradas en distintos estados del país durante los últimos ciclos agrícolas, en las que productores exigieron apoyos, precios de garantía y mecanismos que les permitan cubrir costos de producción ante la baja rentabilidad del maíz.

En entidades como Sinaloa, las manifestaciones incluyeron bloqueos carreteros, toma de instalaciones y reclamos por la falta de acuerdos de comercialización que garantizaran ingresos suficientes para el sector

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