Culiacán, Sin.- Una mesa de diálogo de apenas dos horas fue la respuesta a las solicitudes y demandas que la sociedad civil y el sector privado han realizado durante más de un año -por medio de oficios, posicionamientos e incluso una iniciativa de ley-. El encuentro terminó con las asociaciones civiles retirándose del Salón Constituyentes y denunciando una simulación.

Los convocaron con menos de 24 horas de anticipación bajo el argumento de construir una Ley de Transparencia acorde a las necesidades y al derecho a saber. Pero en la práctica, en una reunión sin orden del día, solo les dieron un espacio para opinar sobre una decisión ya tomada: la ley del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, se queda.

“Aquí no es un debate, es un espacio para escuchar únicamente propuestas”, sentenció el presidente de la Mesa Directiva, Rodolfo Valenzuela Sánchez.

Esta sentencia encendió los ánimos de los asistentes, en su mayoría integrantes de la sociedad civil organizada, el sector privado y colectivos activistas.

“¿A qué nos trajeron? No sabíamos del orden del día y nosotros no queremos diálogos, queremos una ruta definida para construir una ley que no sea tapadera. Rechazamos está Ley Rocha”, denunció Emmanuel Espinoza Salcido, miembro del CPC.

Los legisladores de Morena y del Partido Verde endurecieron el gesto; algunos mostraron molestia e incomodidad. La diputada morenista Karla Ulloa Rodríguez, por ejemplo, pasó todo el ejercicio en su teléfono, escuchando audios.

 

 

Del otro lado, mientras ciudadanos exponían denuncias y señalamientos, algunos legisladores se mostraban renuentes e incluso se reían. Los asistentes advertían que la ley no solo replica una propuesta federal, sino que además viene “rasurada” en temas clave, lo que abriría la puerta a la opacidad y limitaría el acceso a la información.

“Ustedes van a ser cómplices de Rubén Rocha Moya de aprobarse esta ley de transparencia. Deberían tener vergüenza. Como CPC rechazamos está Ley Tapadera y exigimos se realicen parlamentos ciudadanos como lo habíamos solicitado anteriormente”, dijo la presidenta del CPC, Lucía Irena Mimiaga León.

 

Entre los asistentes había activistas que advertían que esa ley deja fuera la realidad que se vive en los territorios, donde acceder a la información es clave y puede salvar vidas.

“No es posible, porque eso viene en la propuesta de un gobernador que hoy es acusado de tener nexos con el crimen organizado, no es posible que con toda la libertad del mundo puedan reservar información.

Por ejemplo, una persona detenida allá también, dijo que Rocha Moya convocó una reunión donde mataron al maestro Cuén Ojeda, desde entonces no sabemos que sucedió. En la ley se incluye que debemos saber itinerario del vuelo que supuestamente tomo ese día y es hora de que no podemos verlo. Eso quieren, reservar información porque no vaya a ser que perjudique la imagen del funcionario y nuestro derecho ¿Qué?”, señaló la activista Ximena con X.

Las voces no cesaban. Todas exigían lo mismo: desechar la propuesta de un funcionario hoy con licencia, señalado por acusaciones graves que han derivado en una crisis no solo de seguridad, sino también de ingobernabilidad.

Algunos -presentes cuando se publicó la primera Ley de Acceso a la Información Pública en Sinaloa, en 2002- recordaron que entonces se hablaba de una “Ley Mocha”; hoy, dijeron, se habla de una “Ley Rocha”. Una ley que, entre otras cosas, limita la revisión del gasto público y deja fuera como entes garantes a partidos políticos, sindicatos y otras instituciones que ejercen recursos públicos.

“Hay tantos ejemplos, la secretaria de transparencia que renunció por gastos excesivos, el de economía que se fue porque desaparecieron a un joven en uno de sus negocios, la de bienestar que compró a sobreprecio o el de administración y finanzas que hoy sabemos se entregó ante el gobierno de Estados Unidos, hoy urge fortalecer el ente, no debilitarlo”, denunció Gustavo Rojo Navarro, director del Observatorio Ciudadano en Mazatlán.

Finalmente, esta fue la propuesta enviada a Rodolfo Valenzuela, presidente de la Comisión de Transparencia, Anticorrupción y Participación Ciudadana del Congreso del Estado de Sinaloa. Fue recibida el 18 de mayo de 2026 y fichada como OFICIO-055-2026SIN-P-CPC:

  • Primera fase: Publicación de un portal de consulta pública sobre el proceso de armonización de la Ley de Transparencia, que permita a la ciudadanía conocer avances, documentos comparativos y propuestas legislativas.
  • Segunda fase: Realización de un parlamento abierto para recibir opiniones, observaciones y propuestas de organizaciones civiles, academia, especialistas y ciudadanía en general.
  • Tercera fase: Desarrollo de talleres o mesas de redacción conjunta para construir de manera colaborativa la iniciativa de ley, con participación del Congreso, instituciones públicas y sociedad civil.

“Ustedes van de salida, actúen y legislen para los ciudadanos, no para el ejecutivo”, dijo Emmanuel Espinoza.

Pese a todo, al cierre de la mesa de diálogo, el diputado Rodolfo Valenzuela Sánchez confirmó lo que muchos temían: la propuesta del gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, será aprobada. La mesa, dijo, solo sirvió para escuchar a las asociaciones civiles y considerar sus aportaciones para “engrosarla”. Se retiró mientras le gritaban corrupto y sin vergüenza.

“Lo que estamos señalando es que esas propuestas permiten enriquecer la propuesta final que se va a votar. No me permitieron terminar, quieren plasmar solamente la idea que ellos traen. Todo lo que pido es que tengamos oportunidad de que el diálogo se plasme”, concluyó.