Culiacán, Sin.- En medio de las acusaciones emitidas por el Gobierno de Estados Unidos contra el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, por presuntamente favorecer a una facción del Cártel de Sinaloa, y rumbo a las elecciones de 2027, distintos partidos políticos han comenzado a hablar sobre mecanismos para evitar que el crimen organizado infiltre candidatos o financie campañas electorales.
Sin embargo, la iniciativa de Ley de Transparencia impulsada por el propio Rocha Moya -bautizada por organizaciones civiles como “Ley Rocha” o “Ley Tapadera”- podría impedir precisamente eso: conocer de dónde proviene el dinero que sostiene a candidatos y partidos políticos.
Durante una reciente visita a Sinaloa, al dirigente nacional de Movimiento Ciudadano, Jorge Álvarez Máynez, se le cuestionó sobre las medidas que el partido naranja implementaría para evitar que perfiles vinculados al crimen organizado compitan bajo sus siglas en las elecciones de 2027, proceso en el que estarán en juego la gubernatura, alcaldías y diputaciones, consideradas las votaciones más grandes en la historia del estado.
En respuesta, Máynez aseguró que una de las principales formas de blindar las candidaturas es vigilar el origen del dinero que circula durante las campañas políticas y evitar que este provenga de manera ilícita.
“Este es un tema en el que yo creo que el mejor filtro es el tema del dinero, el controlar el financiamiento de nuestros candidatos. Ese es el mejor filtro que podemos tener, el mejor blindaje que podemos tener, además de otra serie de propuestas que incluso nosotros planteamos en la reforma electoral y que no se retomaron”, declaró.
Aun cuando esto logre ser aplicado, la ley propuesta, promovida antes de que Rocha solicitara licencia para separarse del cargo como gobernador de Sinaloa, dejaría fuera como sujetos obligados a los partidos políticos, por lo que ya no estarían obligados a transparentar, para conocimiento de la ciudadanía, cuánto dinero reciben, quiénes lo aportan, cuánto gastan ni en qué se utiliza durante las campañas electorales.
Junto con ellos, también se estaría retirando el título de sujetos obligados a los municipios, los sindicatos y las universidades.
“Nosotros para conocer información no vamos a ir directamente con ellos, va a ser a través del Instituto Electoral y, aparte, toda esa información ya no va a ser posible conocer, si tú quieres conocer el tema de los convenios, contratos que hayan firmado los partidos político, eso ya no están obligados a transparentar. Ni los partidos políticos ni los sindicatos”, dijo Gustavo Rojo, del Observatorio Ciudadano de Mazatlán.
Esta es una de las razones por las cuales distintas organizaciones civiles, empresariales y académicas han rechazado la “Ley Rocha”, ya que blinda el acceso a la información pública y deja vacíos legales que facilitan el posible mal manejo del recurso público y actos de corrupción.
Sin embargo, el Congreso del Estado de Sinaloa ha consentido esta iniciativa presentada por el Ejecutivo, ya que la ha tomado como base para la Ley de Transparencia y solo planea engrosarla con la opinión de la ciudadanía y la organización civil.
Aun así, las organizaciones civiles prevén y temen que la iniciativa se apruebe tal y como el gobernador con licencia la envió.
“La ley no los obliga. Y, como dices, sí es contradictorio, porque los partidos van a decir ‘ay, es que vamos a evitar y filtrar’, pero de todas maneras no vamos a saber porque ni siquiera se va a poder transparentar”, dijo la directora ejecutiva de Iniciativa Sinaloa, Marlene León Fontes.
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