Culiacán, Sin.- Organizaciones civiles, empresariales y académicas exigieron al Congreso del Estado desechar la iniciativa de Ley de Transparencia impulsada por el gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, nombrada por las asociaciones como “Ley Rocha” o “Ley Tapadera”, al considerar que representa un retroceso en materia de acceso a la información pública y abre la puerta a que los gobiernos oculten actos de corrupción y mal uso del recurso público, exigiendo el desecho de esta.

Esta rueda de prensa se realiza a menos de 24 horas de que se llevara a cabo una reunión con la Comisión de Transparencia del Congreso del Estado de Sinaloa, convocada por el diputado Rodolfo Valenzuela, presidente de la Mesa Directiva. Misma que los activistas denunciaron no fue más que una simulación y que no existió un diálogo real.

“Lo que vimos ayer fue una mera simulación. Sí, efectivamente se nos dio la palabra a más de 20 organizaciones, pero para que al final ellos concluyeran que se va a hacer lo que ellos decidieran y de la manera que ellos preferían”.

La decisión del Legislativo es, al parecer, firme: la Ley Rocha será aprobada.

Esta decisión provoca el rechazo de las organizaciones civiles, quienes señalan que esta ley facilita el mal manejo del recurso público y dificultará el acceso a la información, ya que permite reservar información sobre el gasto público, así como ampliar la clasificación de las carpetas de investigación, impidiendo que se pueda tener acceso a algunas de estas por su estatus.

Esta ley fue promovida por Rocha Moya antes de que este solicitara una licencia para separarse del cargo, esto después de que fuera acusado, junto a otras nueve personas -incluyendo a Juan de Dios Gámez Mendívil, alcalde con licencia de Culiacán, y Enrique Inzunza Cázarez, senador de la República- de tener presuntos nexos con el crimen organizado, así como de usar su influencia como gobernador de Sinaloa para proteger a trabajadores de una facción del Cártel de Sinaloa de ser detenidos. Estas acusaciones se dan en medio de una crisis de seguridad estatal derivada de una guerra interna entre dos facciones del crimen organizado sinaloense.

“¿Cómo se les ocurre votar a favor y tratar de parchar una ley que viene mal de origen, pero además en un contexto donde la persona que es autora de esa ley está acusada de crimen organizado y además de actos de corrupción? Es un sinsentido que el partido en el poder trate de mantener esa ley”.

Entre otros de los puntos que se critican en la Ley Rocha está que se amplían los plazos de respuesta a solicitudes de información y se elimina la obligación de transparentar contratos de arrendamiento, bitácoras de vuelos y listas de vehículos oficiales. También advirtieron que la iniciativa deja fuera, como sujetos obligados, a partidos políticos, sindicatos y universidades.

Por su parte, Lucía Mimiaga planteó abrir un proceso real de parlamento abierto y mesas de trabajo para elaborar una nueva legislación que garantice el derecho de acceso a la información y evite retrocesos en esta materia.

Para destacar la importancia de proteger la transparencia y el acceso a la información, los asistentes mencionaron diferentes ejemplos de corrupción que, gracias a solicitudes de información o a la Plataforma Nacional de Transparencia, fue posible documentar y denunciar ante las autoridades garantes.

“El exsecretario de Administración y Finanzas está señalado por desvío de recursos a través de contratos de obra pública con los cuales se benefició a la empresa Chocosa, relacionada con hijos de Rocha Moya. La exsecretaria de Transparencia tuvo que renunciar después de que una investigación periodística documentó gastos en hoteles de lujo, cortes finos, botellas de vino y spa. La actual secretaria de Turismo fue a Canadá y facturó chicles, chocolates y demás gastos personales; tuvo que regresar el dinero y sigue en el cargo”.

“Todo eso se logró conocer gracias a solicitudes de transparencia. ¿Qué más hay que ahora quieren ocultar?”, destaco Gustavo Rojo, del Observatorio Ciudadano de Mazatlán.

Las organizaciones destacaron que su intención no es imponer una ley, sino que buscan el diálogo verdadero y crear una legislación en conjunto. Sin embargo, en caso de que la decisión del Congreso del Estado siga favoreciendo al gobernador con licencia y su iniciativa, dijeron, existen bases legales para impugnarla y llevarla a los juzgados.

“Si siguen con esta línea de avanzar con esta iniciativa, a lo que nos veremos orillados nosotros es acudir a tribunales. La verdad, sería muy vergonzoso que nuevamente le tengan que planchar la plana al Congreso del Estado, como ya se lo han venido haciendo antes”, expresaron.

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