Mazatlán, Sin.- El crimen organizado en Mazatlán ya reporta sus sitios con máquinas tragamonedas, conocidas coloquialmente como Jugadas o Habichuelas, ante el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).
De acuerdo al Directorio Estadístico Nacional de Unidades Económicas (DENUE), en este puerto turístico se ubican al menos 150 unidades, descritas como casas de juegos electrónicos, al corte realizado el 26 de mayo de 2026.
En el buscador oficial del INEGI, se les puede encontrar también como “Habichuelas”, como se conoce popularmente a estos aparatos en el Puerto de Mazatlán.
Pero el registro no distingue entre legalidad e ilegalidad. Lo que hace es otra cosa: registrar.
El DENUE se alimenta principalmente de los censos económicos, que se realizan cada cinco años. En estos, personal del INEGI recorre calle por calle, toca puertas y registra toda unidad económica fija o semifija que encuentre, sin validar si está dada de alta ante el SAT o si su actividad es legal.
“Nosotros tocamos la puerta y captamos la información”, explicó Leonor Scott Molina, coordinadora estatal del INEGI en Sinaloa. “Yo no sé si está dado de alta… si tú me dices que tienes una actividad económica, se registra”.
Eso incluye desde tortillerías hasta negocios informales.
El directorio se construye con base en lo que existe físicamente al momento del levantamiento. Cada establecimiento es georreferenciado, clasificado por actividad y registrado con datos como número de empleados, nombre comercial y ubicación. Posteriormente, se realizan procesos de validación para evitar duplicidades y se les asigna una clave única.
Captura del DENUE.
Aunque la información se actualiza de manera constante mediante verificaciones y registros administrativos, no opera en tiempo real.
“Sabemos que a lo mejor hace un mes ya cerró otra empresa o negocio. Sin embargo, nosotros vamos haciendo una actualización”, dijo Scott Molina.
En ese universo de unidades económicas, Sinaloa concentra alrededor del 86 por ciento de estos establecimientos asociados a máquinas tragamonedas a nivel nacional. De las 139 registradas en el estado, 134 están en Mazatlán. Culiacán tiene tres; Cosalá y San Ignacio, una cada uno.
Estos establecimientos están prohibidos por la Ley Federal de Juegos y Sorteos, que solo permite operaciones en lugares autorizados por la Secretaría de Gobernación.
Captura de pantalla de la Ley Federal de Juego y Sorteos.
En la práctica, las máquinas suelen operarse ocultas en viviendas o pequeños comercios en zonas de alta marginación económica. Funcionan las 24 horas. En Mazatlán, por ejemplo, ninguno de estos espacios fue localizado en la zona de la Marina o Cerritos, considerados como de alta plusvalía, donde se construyen nuevos proyectos inmobiliarios es es nombrada como zona turística del puerto.
También hay al menos ocho establecimientos dados de alta como “Habichuelas Punto de Droga”.
Estos sitios aparecen con características atípicas, en comparación con otros tipos de establecimientos: emplean de 1 a 5 personas, no reportan información comercial, no están afiliados a cámaras empresariales, no pertenecen a cadenas productivas ni son proveedores del gobierno. Tampoco cuentan con razón social.
Decomiso de “habichuelas” en el puerto de Mazatlán realizado por la Marina.
Sitios vinculados con el crimen
Autoridades federales de seguridad vinculan estos establecimientos con el financiamiento de grupos delictivos. También con la venta de drogas y el reclutamiento forzado.
En Sinaloa, la Secretaría de Seguridad Pública del Estado (SSPE) los clasifica como puntos de riesgo, que operan de forma clandestina y que utilizan casas habitación o tiendas como fachada, y que están vinculados a apuestas ilegales y venta de sustancias ilícitas.
“Estos espacios son utilizados para actividades ilícitas, como apuestas ilegales mediante máquinas tragamonedas y, en muchos casos, como puntos de venta de sustancias ilícitas. Asimismo, este tipo de inmuebles suele verse involucrado en hechos violentos derivados de disputas entre grupos delictivos, lo que representa un riesgo para las familias que habitan en las inmediaciones”, se estableció en un comunicado emitido por la institución.
Desde el inicio de la guerra interna en el Cártel de Sinaloa, en septiembre de 2024, estos espacios también se convirtieron en blancos de ataques, que van desde disparos a fachadas hasta incendios y asesinatos. El 20 de marzo de 2026, civiles armados atacaron un local en la colonia Tierra Blanca, en Culiacán, donde había máquinas tragamonedas. Dos hombres fueron asesinados y uno más resultó herido.
En diciembre de 2024, una bodega de maquinitas tragamonedas fue incendiada en la colonia Emiliano Zapata, en Culiacán.
Uno de esos casos ocurrió el 19 de diciembre de 2025, cuando Damián, de 29 años, fue asesinado en una presunta jugada en la colonia Benito Juárez, en Mazatlán.
Fue a partir de diciembre de 2024, con el regreso de Omar García Harfuch a Sinaloa, cuando se reforzaron acciones y la estrategia también incluyó revisiones en centros penitenciarios, retiro de cámaras ilegales y aseguramiento de estas máquinas, estás últimas mediante órdenes técnicas de investigación.
La Fiscalía General de la República reporta que entre enero de 2025 y abril de 2026 hubo el decomiso y destrucción de al menos 4 mil 232 máquinas tragamonedas. No se especifica de dónde fueron decomisadas o aseguradas.
Culiacán es el municipio donde más se registraron decomisos de estas máquinas tragamonedas.
Sin embargo, aunque de manera federal hay una preocupación sobre estos sitios, para la Fiscalía General del Estado la situación es distinta. Claudia Zulema Sánchez Kondo, Fiscal General, dijo que vincular estas máquinas como fuente de financiamiento del crimen organizado no es concluyente.
“No, no se lo pudiera confirmar. Es un dato que tiene que tener una regulación federal”, dijo.
Aunque reconoció que en algunos casos están instaladas en lugares donde se realizan otras actividades delictivas.
La Secretaría de Seguridad Pública indicó que los sitios donde hay máquinas tragamonedas deben ser denunciados a la línea anónima 089, sobre todo cuando se identifican señales como ingreso constante de personas, actividades en horarios inusuales o movimientos atípicos.
Esas denuncias, según la Secretaría de Seguridad, se canalizan a autoridades federales, que pueden iniciar investigaciones y ejecutar cateos o aseguramientos.
En un registro hemerográfico hecho por ESPEJO, se pudo documentar que en Culiacán se concentra el mayor número de operativos con al menos 15 eventos de 25 registrados. Le siguen Mazatlán con siete y Navolato con tres.
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