Durante el operativo en Culiacán para rescatar a una persona privada de la libertad, que derivó en persecución desde el sector Aguaruto hasta la colonia San Javier, corporaciones a cargo de la seguridad pública reportaron la muerte de la víctima, el abatimiento de uno de los supuestos delincuentes y la detención de otro.

 

Este hecho, enmarcado en la violencia consecutiva de 20 meses en las zonas centro y sur de Sinaloa, reitera otros similares en los cuales personas privadas de la libertad pierden la vida cuando la acción de militares y policías intentan ponerlas a salvo, derivando la pregunta de si fue o no adecuada la intervención de las instituciones de protección ciudadana.

La respuesta difícil en este tipo de casos abre la polémica en la conversación pública en el sentido de que las víctimas asesinadas podrían seguir con vida si no ocurriera la acción de la fuerza pública para el rescate, o si en todo caso vale más el resultado de criminales detenidos o abatidos.

Lo que sí debieran revisar las corporaciones militares y policiales es la estrategia que aplican ya que en primer término está la vida de las víctimas y la prioridad de sacarlas ilesas del peligro en que están, y si además logran aprehender a los criminales estarían presentando resultados limpios de la labor de combate a la delincuencia.

Sin escatimar el reconocimiento a la actuación oportuna de la seguridad pública en este evento de violencia del lunes 11 de mayo, la revisión de sucesos donde otras víctimas resultaron asesinadas impide determinar el elogio a la función cumplida. Con un promedio sostenido de 5 homicidios dolosos diarios desde el 9 de septiembre de 2024 a la fecha, le duele bastante a la sociedad saber que la vida de otro ciudadano inocente no pudo ser salvada.