Culiacán, Sinaloa.- El Congreso del Estado aprobó en sesión ordinaria del jueves 28 de mayo un paquete de reformas que modifica diversas leyes para fortalecer el cumplimiento de las obligaciones alimentarias en Sinaloa.

Se trata de un dictamen que integra múltiples iniciativas presentadas en legislaturas anteriores y la actual, con el objetivo de atender un problema persistente: el incumplimiento de la pensión alimenticia.

¿Qué problema busca resolver?

De acuerdo con el dictamen, el incumplimiento de las obligaciones alimentarias afecta directamente derechos básicos como alimentación, salud, educación y vivienda, especialmente en niñas, niños y adolescentes.

Además, se reconoce que estas omisiones pueden generar condiciones de violencia, particularmente contra mujeres, al impactar su estabilidad económica y patrimonial.

Principales cambios aprobados

Entre las modificaciones más relevantes se encuentran:

1. Sanciones más claras en el Código Penal

Se elimina la posibilidad de suspender o privar derechos de familia como castigo automático, al considerarse una medida imprecisa y desproporcionada según criterios de la Suprema Corte.

2. Castigo por simular ingresos

Se tipifica como delito que una persona:

  • Declare menos ingresos de los reales
  • Simule insolvencia económica

Esto con el fin de evadir o reducir el pago de pensión alimenticia. Las sanciones incluyen prisión y multas.

3. Aumento de penas en casos específicos

Las penas se incrementarán cuando:

  • La víctima sea una persona con discapacidad
  • Se trate de mujeres embarazadas en situación de abandono

4. Menor tiempo para ser considerado deudor moroso

Se propone reducir el plazo para considerar a una persona como deudor alimentario, con el fin de activar mecanismos legales más rápido.

5. Restricciones para cargos públicos

Se refuerzan disposiciones para impedir que personas con adeudos alimentarios puedan ser candidatas a cargos de elección popular.

¿A quién impacta esta reforma?

Las modificaciones afectan directamente a:

  • Padres o madres que incumplen con la pensión
  • Personas que intentan evadir pagos mediante simulaciones
  • Aspirantes a cargos públicos con adeudos alimentarios

¿Por qué ahora?

El dictamen señala que el marco legal actual resultaba insuficiente para garantizar el cumplimiento de estas obligaciones, además de que algunas sanciones habían sido consideradas inconstitucionales en otros estados del país.

Con esta reforma, el Congreso busca actualizar la legislación y hacerla más efectiva frente a una problemática social que continúa en aumento.

¿Qué sigue?

Tras su aprobación en el Congreso, las reformas deberán ser publicadas en el Periódico Oficial del Estado para entrar en vigor.

A partir de entonces, las autoridades judiciales y administrativas deberán aplicar los nuevos criterios en casos relacionados con pensión alimenticia y deudores morosos.

Colectivas señalan deuda pendiente

Para colectivos feministas, las reformas aprobadas representan un avance, pero siguen dejando vacíos importantes, especialmente en la implementación de un padrón público de deudores alimentarios.

Heidy Mares, activista e integrante de la colectiva No Se Metan Con Nuestras Hijas, advierte que en Sinaloa persiste una deuda clave, la cual es contar con un registro funcional que permita identificar a quienes incumplen con sus obligaciones.

“Se ha discutido durante años la necesidad de un padrón de deudores en Sinaloa. Sí hay muchas demandas por pensión alimenticia, sí hay porcentajes fijados, pero incluso esos montos suelen ser bajos y, aun así, ni siquiera se cumplen en tiempo ni en forma”, señala.

Explica que, en la práctica, los porcentajes establecidos -generalmente entre 15 y 20 por ciento del ingreso, y hasta 30 por ciento en casos específicos- no cubren las necesidades reales de las infancias.

A esto se suma un problema estructural en la ley que marca la diferencia entre abandono total y parcial.

“Cuando es abandono parcial, la ley termina siendo más flexible con el deudor. Se le da tiempo, se le da oportunidad de ‘regularizarse’, pero las madres que criamos solas no tenemos esos plazos”, afirma.

Mares también cuestiona la falta de mecanismos efectivos para hacer cumplir las reformas recién aprobadas.

“Mientras no exista un padrón oficial, accesible, donde se pueda consultar quién incumple, ¿cómo se van a aplicar realmente las sanciones?”, plantea.

En otros estados, explica, ya es posible consultar registros públicos de deudores alimentarios, lo que permite evidenciar incumplimientos y presionar su cumplimiento. En Sinaloa, ese mecanismo aún no opera de forma efectiva.

Además, advierte que endurecer penas por sí solo no resuelve el problema de fondo.

Finalmente, la activista pone en duda la capacidad institucional para implementar estas reformas, en un contexto de recortes presupuestales.

“Se aprueban leyes, pero ¿con qué recursos se van a aplicar? Muchas instituciones están debilitadas. En el papel suena bien, pero en la práctica pocas veces vemos resultados”, concluye.

 

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