La Fiscalia General del Estado está obligada a realizar con rapidez y eficiencia la indagatoria profunda y creíble que identifique y castigue a quienes perpetraron el acto de intimidación contra la diputada del Partido Revolucionario Instirucional, Paola Gárate, al hacer llegar a su domicilio un arreglo floral de uso fúnebre.

Cuando la violencia le provoca a Sinaloa las crisis de la seguridad pública, gubernativa y económica, el acto que amenaza a la legisladora avisa de intenciones aviesas para crispar también la actividad política en la coyuntura de definición de candidaturas de los partidos para la votación constitucional del 6 de junio de 2027.

Sea cual sea el móvil de la acción y trátese de quien se trate las autorías intelectual y material de este delito dirigido contra Gárate, lo cual corresponde esclarecer a la institución del Ministerio Público, sin duda enrarece más el de por sí demasiado tenso ambiente político y distrae la atención ciudadana que está ocupada en la recuperación de Sinaloa para la paz, la estabilidad y seguridad.

Lo fundamental está en que prevalezca la ley a través de la investigación de la FGE que halle la punta de todos los hilos de esta madeja amedrentadora, como única posibilidad de cortar de tajo lo que pudiera ser el inicio de intentos siniestros por marcar con violencia el proceso electoral, precisamente aprovechando las circunstancias complicadas de la gobernabilidad sinaloense.

La actividad política está bajo peligro al igual que corren riesgos todos los quehaceres legítimos que en Sinaloa deberían tener garantías de seguridad y prevalencia del marco constitucional. Hoy más que nunca deben instalarse condiciones para que el proceso electivo en ciernes esté blindado contra toda pretensión de violentarlo.