Culiacán, Sinaloa.- Édgar Barraza Castillo, dirigente de Morena Sinaloa, quiere que se separe la marca de Rubén Rocha Moya del partido.
“Hoy el exgobernador o el gobernador con licencia está pasando por este tema, que él está afrontando de manera directa, pero nosotros estamos trabajando como partido, como movimiento, en lo que nos corresponde. Creo que la relación entre una cosa y otra tenemos que separarla, porque nosotros siempre hemos trabajado por un proyecto, un proyecto de nación.” dijo Barraza.
La separación que pide el dirigente morenista es en un contexto en el que Morena está por entrar en un proceso de renovación nacional de sus dirigencias estatales, así como por elegir a quiénes serán candidatos o candidatas a gubernaturas –incluyendo Sinaloa–, lo que ha provocado la presentación de renuncias y solicitudes de licencias temporales de funcionarios para contender en las convocatorias intrnas.
En el caso de Sinaloa, los morenistas Imelda Castro Castro, Graciela Domínguez Nava, Jesús Ibarra Ramos y María Teresa Guerra Ochoa solicitaron licencia a sus cargos legislativos para anotarse en la convocatoria nacional. Quieren ser la abanderada o abanderado del partido para la gubernatura.
Sin embargo, frente al proceso electoral de 2027, el partido guinda se enfrenta a dos situaciones importantes en el estado: la crisis de violencia que lleva ya casi dos años y los señalamientos contra funcionarios y ex funcionarios morenistas vinculados con grupos del crimen organizado.
Quien encabeza esa lista de señalamientos es Rubén Rocha Moya, gobernador que solicitó licencia para someterse a investigaciones por la Fiscalía General de la República ante los señalamientos del gobierno de Estados Unidos por una presunta colaboración para el trasiego de drogas y posesión de armas a cambio de sobornos millonarios y la colocación de personas del cartel de Sinaloa en puestos clave del gobierno.
Para Morena Sinaloa, las acusaciones en contra el hombre que llegó al cargo bajo con el apoyo de Andrés Manuel López Obrador, son hechos ajenos al proyecto de nación dirigido por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.
Las acusaciones a Rocha Moya
El 29 de abril, el Gobierno de Estados Unidos emitió un comunicado en el que se señalaba a diez funcionarios sinaloenses por mantener, presuntamente, vínculos con una facción del Cártel de Sinaloa.
Entre las acusaciones en contra del exgobernador está la de “trabajar en favor de Los Chapitos”, así como la de recibir sobornos millonarios para que las dependencias de seguridad del estado no actuaran en contra de integrantes de esta célula delictiva.
Hasta el momento, continúan las investigaciones por parte de la Fiscalía General de la República y el Gobierno de Estados Unidos en contra de los funcionarios y ex funcionarios sinaloenses.
Dos días después, Rocha Moya solicitó licencia al cargo de gobernador. Le siguió el alcalde de Culiacán, Juan de Dios Gámez Mendívil –también morenista y ahijado de Rocha Moya–. Una semana después, se dio a conocer que Dámaso Castro Zaavedra también presentó su solicitud de licencia para dejar de ser vicefiscal general.
La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) informó que esos tres funcionarios, junto con otros siete más –incluyendo al senador Enrique Inzunza Cázarez– les fueron bloqueadas sus cuentas bancarias, ante la advertencia del gobierno estadounidense por posibles transacciones irregulares.
De hecho, Inzunza Cázarez dio a conocer a través de sus redes sociales que no competirá por la gubernatura y que se mantendrá como senador hasta 2030.
Con información de Marcos Vizcarra
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