Culiacán, Sinaloa.- En Tehueco, comunidad mayo-yoreme del municipio de El Fuerte, el centro ceremonial ha permanecido cerrado por más de 50 días. En Ahome, la planta de amoníaco de GPO ha dividido a la población entre quienes se oponen y quienes respaldan el proyecto. En Juan José Ríos, el conflicto por la designación de autoridades tradicionales escaló hasta enfrentamientos con machetes y golpes.
De acuerdo con cuatro comunidades indígenas, estos hechos derivan de una presunta intervención del Gobierno del Estado en la designación de kobanaros –gobernadores tradicionales– que no responden a la comunidad, sino a intereses externos. Las denuncias han sido documentadas por ESPEJO en al menos cuatro comunidades del norte de Sinaloa.
Las cuatro comunidades también señalan a Crescencio Ramírez Sánchez, titular de la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa (Copacis), por presunta omisión y por reconocer de manera gubernamental la permanencia de autoridades no reconocidas por sus pueblos, lo que ha generado duplicidad de funciones y confrontación interna.
Tehueco: sin rituales y con el centro ceremonial cerrado
En Tehueco, El Fuerte, inició un conflicto en mayo de 2025, cuando Gabriela Vázquez fue nombrada kobanara en un proceso que parte de la comunidad no reconoce. Desde entonces, la disputa escaló hasta el cierre del centro ceremonial.
De acuerdo con testimonios, la autoridad tradicional reconocida por el gobierno de Sinaloa cambió candados y restringió el acceso al espacio sagrado.
El Centro Ceremonial en Tehueco ha permanecido cerrado desde hace más de 50 días.
“Murió uno de nuestros hermanos y no pudimos despedirlo como marca la tradición. Viene la fiesta de San Juan y no vemos cómo se vaya a hacer porque el centro sigue cerrado”, relató un habitante.
Un ejemplo de efectos negativos es el de las celebraciones de San Juan, que se realizan cada 24 de junio y tienen origen en el siglo XVII, están en riesgo por la falta de acceso a los espacios ceremoniales.
El conflicto derivó en la intervención de seguridad pública. La única medida aplicada fue colocar cinta amarilla para restringir el acceso a todas las partes, dejando el centro ceremonial cerrado.
Juan José Ríos: enfrentamientos y denuncias
En Juan José Ríos, el conflicto llegó a violencia física. América Nayeli Limón Ruiz confirmó que la disputa por autoridades derivó en enfrentamientos que dejaron 17 personas yoremes heridas, en 2022.
La comunidad nombró a una nueva autoridad, pero el gobierno de Sinaloa mantiene el respaldo a Jesús Manuel Valenzuela Pabalay, quien tiene más de dos décadas en el cargo, pese a que los usos y costumbres establecen periodos de uno a tres años.
El centro ceremonial de Juan José Ríos ha sido testigo de enfrentamientos entre los miembros de su comunidad.
“Nosotros ya tenemos otro gobernador, el que eligió la gente, pero le siguen pagando al de antes. Así, el problema nunca se va a acabar”, señaló.
La exautoridad indicó que situaciones similares ocurren en otras comunidades como Lázaro Cárdenas, donde existen autoridades duplicadas y procesos comunitarios no reconocidos.
Ohuira: conflicto ligado a la planta de amoníaco
En Ohuira, Ahome, el conflicto se relaciona con la oposición a la planta de amoníaco en Topolobampo. Felipe Montaño Valenzuela, reconocido como gobernador tradicional, acusó traición de autoridades alineadas al proyecto.
“Los ‘robanaros’, como les decimos, nos traicionaron. Y para nosotros ellos no nos representan”, afirmó.
En Ohuira, la planta de amoníaco ha marcado una división entre su población.
En abril de 2024, durante Semana Santa, se registró una agresión entre habitantes. El origen del conflicto, dijo, se remonta a la creación del Consejo Estatal de Gobernadores Tradicionales hace más de cuatro décadas.
Aseguró que este consejo opera bajo intereses políticos y económicos relacionados con el proyecto de la planta de amoníaco en la bahía de Ohuira.
También señaló a integrantes del consejo y asesores jurídicos como responsables de la duplicidad de autoridades y del conflicto social en la región.
Copacis: “No hay injerencia del Estado”
El titular de la la Comisión para la Atención de las Comunidades Indígenas de Sinaloa, Crescencio Ramírez Sánchez, negó cualquier intervención del Gobierno del Estado en la elección de autoridades tradicionales.
“El Gobierno del Estado no tiene injerencia para nada. Ellos tienen su propia autonomía”, declaró.
Crescencio Ramírez Sánchez, titular de la COPACIS.
Aseguró que, de existir conflictos formales, ya habrían sido atendidos, y dijo desconocer casos de duplicidad en comunidades mayo-yoreme.
“Si hubiera casos, yo ya hubiera ido personalmente a la comunidad”, señaló.
Sobre el recurso presentado ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, afirmó no tener conocimiento del caso.
Indicó además que en Sinaloa existen al menos 28 gobernadores indígenas reconocidos.
Autonomía en disputa
La Constitución mexicana reconoce el derecho de los pueblos indígenas a elegir a sus autoridades conforme a sus usos y costumbres. El Convenio 169 de la OIT también respalda su autonomía organizativa.
Sin embargo, comunidades indígenas señalan que en la práctica existen autoridades duplicadas, decisiones no reconocidas y respaldo institucional que ha profundizado los conflictos internos.
En Tehueco, el centro ceremonial continúa cerrado. En Ohuira, la división en torno a la planta de amoníaco persiste. En Juan José Ríos, los enfrentamientos mantienen la disputa por la autoridad tradicional.
Las comunidades señalaron que continúan los procesos legales ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en los que se denuncia la presunta duplicidad de autoridades y los conflictos derivados en distintas comunidades de Sinaloa.
Se buscó la postura del titular de la Secretaría de Bienestar y Desarrollo Sustentable, Omar López Campos, sobre las denuncias de las comunidades indígenas, pero hasta el cierre de esta edición no se obtuvo respuesta.
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