Por Karen Rojas Kauffmann / El Muro MX

Oaxaca de Juárez.- En una entidad donde el acceso de las mujeres a los espacios de decisión sigue enfrentando obstáculos que van desde la discriminación estructural hasta agresiones que pueden derivar en feminicidios, y un año después del asesinato de Lilia Gemma García Soto, presidenta municipal de San Mateo Piñas, activistas, organizaciones feministas y defensoras de derechos humanos advirtieron que la violencia política contra las mujeres continúa siendo una amenaza vigente en Oaxaca.

A través de un posicionamiento público difundido con motivo del primer aniversario luctuoso de la edil, la Consorcio Oaxaca sostuvo que la impunidad prevalece en el caso y que la memoria de Lilia Gemma se ha convertido en un símbolo de la exigencia de justicia para las mujeres que participan en la vida política del estado. La organización calificó su asesinato como un feminicidio político y afirmó que este tipo de violencia no comienza con el ataque que arrebata la vida de una mujer, sino en las denuncias ignoradas, la falta de protección institucional y las omisiones de las autoridades encargadas de garantizar su seguridad.

Lilia Gemma García Soto fue asesinada el 15 de junio de 2025 dentro del Palacio Municipal de San Mateo Piñas, en la región Costa de Oaxaca. De acuerdo con la Fiscalía General del Estado (FGEO), un grupo de hombres armados ingresó al edificio municipal y disparó en su contra, provocando también la muerte de Eli Gregorio Ruiz Gabriel, representante de la comunidad de Agua Caliente. Las investigaciones oficiales documentaron el uso de armas de alto poder y la localización de al menos 60 casquillos percutidosen la escena del crimen. Hasta ahora, las autoridades mantienen abiertas diversas líneas de investigación relacionadas con denuncias de corrupción, conflictos políticos locales, tala ilegal y presuntos desvíos de recursos públicos que la propia presidenta municipal había denunciado ante instancias estatales y federales.

Entre las hipótesis que siguen bajo investigación se encuentran una denuncia por el presunto desvío de 25 millones de pesos destinados a la reconstrucción de San Mateo Piñas tras el paso del huracán Agatha; una denuncia por el robo de recursos de la Tesorería Municipal; señalamientos relacionados con el cobro de cuotas derivadas de actividades de tala ilegal; la presunta falsificación de la firma de la alcaldesa en documentos financieros y disputas políticas locales.

El pronunciamiento de Consorcio Oaxaca ubica el asesinato de Lilia Gemma dentro de un contexto más amplio de violencia política contra las mujeres. La organización recordó que, aunque México ha registrado avances significativos en materia de representación política femenina —incluida la llegada de la primera mujer a la Presidencia de la República y la consolidación de la paridad en los órganos legislativos—, esos logros conviven con condiciones de violencia que limitan el ejercicio efectivo de los derechos políticos de las mujeres.

De acuerdo con datos citados por la organización, Oaxaca encabeza actualmente el Registro Nacional de Personas Sancionadas por Violencia Política contra las Mujeres en Razón de Género. Además, señaló que durante la actual administración estatal se han documentado decenas de casos de agresiones vinculadas con el ejercicio de cargos públicos por parte de mujeres. El comunicado también refiere que la violencia ha escalado de prácticas de exclusión, hostigamiento y obstrucción del cargo a hechos de extrema gravedad, incluidos secuestros y asesinatos de autoridades municipales y representantes comunitarias.

En ese contexto, recordaron los casos de Nazaret Cortés Velasco, Guadalupe Urban Ceballos, Hanna Alí Rosales y la propia Lilia Gemma García Soto, mujeres que ejercían funciones públicas y que fueron asesinadas. Para la organización, estos hechos evidencian que el acceso de las mujeres a los espacios de poder sigue implicando riesgos diferenciados que requieren respuestas institucionales específicas y eficaces.

El posicionamiento también incluye exigencias dirigidas a los gobiernos federal y estatal. Entre ellas destacan la implementación efectiva de mecanismos de protección para mujeres en cargos públicos, investigaciones con perspectiva de género en casos de violencia política, la creación de registros oficiales de feminicidios políticos y el fortalecimiento de políticas públicas que garanticen el ejercicio libre y seguro de los derechos políticos de las mujeres.

Asimismo, la organización cuestionó la permanencia en cargos públicos de funcionarios como Donato Vargas Jiménez, actual coordinador general de Delegados de Paz Social, señalado por violencia de género y sostuvo que las instituciones deben evitar cualquier forma de protección o tolerancia hacia personas denunciadas por agresiones contra mujeres.

A un año del asesinato de Lilia Gemma García Soto, el caso permanece como uno de los episodios más graves de violencia política registrados recientemente en Oaxaca. Mientras las investigaciones continúan abiertas, organizaciones de derechos humanos insisten en que la justicia para la expresidenta municipal no sólo implica identificar y sancionar a los autores materiales e intelectuales del crimen, sino también garantizar que ninguna mujer vuelva a enfrentar amenazas, agresiones o la muerte por ejercer un cargo público.

La exigencia, sostienen, trasciende un caso individual: se trata de garantizar que la participación política de las mujeres pueda ejercerse plenamente como un derecho humano y no como una actividad marcada por el riesgo, la violencia o la impunidad.

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Este trabajo fue realizado El Muro MX, que forma parte de Territorial, Alianza de Medios. Para consultar el contenido original, dar clic aquí.