El Congreso del Estado incurre en omisión legislativa debido a la situación de desmantelamiento en que está dicho poder porque los diputados del Movimiento Regeneración, grupo parlamentario mayoritario, consideran que les resulta políticamente más redituable buscar otros espacios en la función pública en vez de cumplir con las responsabilidades que ahora tienen por mandato de la voluntad popular.

Dos casos ilustran la negligencia de los asambleístas: pasan por alto la importancia de instalar la Comisión de Selección que elegirá a la persona que ocupará la vacante que quedará en el Comité de Participación Ciudadana del Sistema Estatal y Municipal Anticorrupción de Sinaloa, y retrasa las mesas de participación ciudadana para analizar y modificar la Ley de Transparencia que el hoy gobernador con licencia, Rubén Rocha Moya, envió a la Cámara en abril del año en curso.

Tratándose de dos asuntos que tienen que ver con la rendición de cuentas y combate a la corrupción, la sospecha se centra en la inacción legislativa premeditada tendiente a desarticular el engranaje institucional de la transparencia y evitar que la sociedad sinaloense inspeccione el manejo correcto de recursos públicos y denuncie delitos relacionados con el desempeño irregular de la función pública.

Todo lo relacionado con el acceso a la información y detección y sanción de funcionarios que convierten las finanzas públicas en cloacas particulares o de grupos tendría el carácter de alta prioridad en el Congreso del Estado, sin embargo, el aplazamiento de dichas cuestiones es tiempo cedido a los recurrentes perpetradores de ilícitos como cohechos, peculados, enriquecimiento ilícito y tráfico de influencias, entre otros.

En menos de un mes han abandonado los diputados morenistas María Teresa Guerra Ochoa y Rodolfo Valenzuela Sánchez la presidencia de la Junta de Coordinación Política de la 65 legislatura estatal, lo cual evidencia el uso del Congreso como plataforma para saltar de un cargo a otro. Las diputadas y diputados tránsfugas traicionan a los sinaloenses que hoy más que nunca necesitan a sus representantes populares fortaleciendo el marco legal para la estabilidad y la gobernabilidad.