La iniciativa de una nueva Ley de Transparencia, impulsada por el gobernador con licencia Rubén Rocha Moya en el Congreso del Estado, representaría “la estocada final” para la economía de Sinaloa, al generar mayor opacidad, debilitar la certeza jurídica y ahuyentar la inversión privada, advirtió Martha Reyes Zazueta, presidenta de la Confederación Patronal de la República Mexicana (Coparmex) en Culiacán e integrante de la Red Ciudadana Anticorrupción de Sinaloa (ReCIAS).

La dirigente empresarial afirmó que, de aprobarse una legislación que limite el acceso a la información pública, los ciudadanos perderían la posibilidad de conocer cómo se ejercen los recursos públicos, lo que afectaría directamente la confianza de inversionistas y del sector productivo.

“Va a ser la estocada final que necesitamos para decir: vámonos de aquí. Porque al no haber transparencia, ¿dónde se ven nuestros recursos? ¿Cómo vamos a saber si está alcanzando lo que estamos generando los profesionistas, los colaboradores y los empresarios para las obras públicas, para la seguridad y para los servicios que requiere la ciudadanía?”, cuestionó.

 

Reyes Zazueta sostuvo que la falta de transparencia dejaría a la sociedad “a ciegas” sobre el destino del dinero público y enviaría una señal negativa a quienes analizan invertir en el estado.

Aseguró que la opacidad no solo afecta el combate a la corrupción, sino que también deteriora el clima de negocios, al generar incertidumbre sobre el funcionamiento de las instituciones y el respeto al Estado de derecho.

“Eso habla para los inversionistas de que no va a haber una certeza jurídica, de que no escuchan a los ciudadanos y de que las decisiones son para un equipo que quiere mantenerse en el poder, no para servir, sino para servirse”, dijo.

 

Las declaraciones se dieron tras una conferencia convocada por Red Ciudadana por la Integridad y Anticorrupción de Sinaloa (ReCIAS), donde organizaciones civiles y empresariales manifestaron su preocupación por la suspensión de las mesas de trabajo para construir la nueva Ley de Transparencia, luego de que diputados que encabezaban el proceso solicitaran licencia para participar en el proceso interno de Morena.

Las organizaciones han advertido que la iniciativa enviada por el Ejecutivo estatal contiene disposiciones que restringirían el acceso a la información pública y reducirían los mecanismos de rendición de cuentas, por lo que insistieron en que el Congreso reanude el diálogo con la sociedad antes de dictaminar la reforma.

“La estocada final” para una economía sinaloense en descenso

 

Desde septiembre de 2024, Sinaloa se encuentra sumida en una crisis de violencia, derivada de la guerra interna del cártel de Sinaloa, misma que enfrenta a grupos del narcotráfico en disputa por la hegemonía regional. Con ello, se ha registrado un alza sostenida en homicidios, feminicidios, desaparición forzada y robos de vehículos, además de otros hechos de violencia de alto impacto como enfrentamientos armados, ataques contra personas, viviendas y negocios, desplazamiento forzado de comunidades enteras, entre otros.

Como parte de las consecuencias de esta crisis, se encuentra el deterioro del panorama de negocios, particularmente en la ciudad de Culiacán, epicentro de la violencia y también de la actividad económica de Sinaloa, albergando alrededor de un tercio del total de unidades económicas de la entidad.

El declive económico al que se enfrenta Sinaloa es evidenciado por la pérdida de más de 25 mil empleos formales entre mayo de 2024 y mayo de 2026, además de la desaparición de 2 mil 324 patrones registrados ante el IMSS entre septiembre de 2024 y septiembre de 2025 en el estado.

Para la presidenta de Coparmex Culiacán, una legislación que restrinja el acceso a la información pública agravaría ese escenario al reducir la certeza jurídica para inversionistas y empresarios.

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